Una iniciativa migratoria busca dar estatus legal temporal a indocumentados con requisitos, mientras legisladores y organizaciones destacan su impacto laboral
Organizaciones empresariales, religiosas y comunitarias expresaron este miércoles su respaldo a la llamada Ley de Dignidad, una propuesta migratoria bipartidista que busca regularizar a millones de inmigrantes indocumentados y reformar el sistema migratorio de Estados Unidos.
El apoyo se formalizó durante una conferencia organizada por American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), junto con la National Hispanic Christian Leadership Conference (NHCLC) y American Families United Action (AFU Action), donde también se anunció el inicio de una gira nacional —denominada “Dignity Tour”— para presionar al Congreso a aprobar la legislación.
Según los organizadores, más de 75 organizaciones participarán en eventos en distintos estados, comenzando en Pensilvania y extendiéndose a Arizona, Nevada, Texas y otras regiones clave, con el objetivo de sumar respaldo político a la iniciativa.
La propuesta legislativa, que cuenta con el apoyo de 40 congresistas de ambos partidos, plantea una vía de regularización temporal para inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante años, incluyendo permisos de trabajo y protección frente a la deportación, bajo ciertos requisitos como verificación de antecedentes y el pago de tarifas.
También contempla posibles vías futuras hacia la residencia permanente para algunos grupos, como beneficiarios de DACA que cumplan criterios específicos.
Apoyo bipartidista
Durante el evento, legisladores de ambos partidos defendieron la iniciativa como una solución pragmática a un sistema migratorio que consideran obsoleto.
La congresista republicana María Elvira Salazar, impulsora de la ley, afirmó que el proyecto representa “el verdadero significado del bipartidismo”, destacando la colaboración entre sectores políticos diversos para abordar el problema.
Por su parte, la demócrata Verónica Escobar señaló que la propuesta va más allá de la política migratoria. “Este es un proyecto económico, de seguridad nacional y práctico”, afirmó, al tiempo que urgió al Congreso a actuar tras décadas de inacción. También advirtió sobre la necesidad de mano de obra ante la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población.
La congresista Susie Lee coincidió en que el sistema migratorio “ha estado roto durante casi cuatro décadas” y subrayó que la iniciativa busca ofrecer una vía legal a personas sin antecedentes penales que han contribuido a la economía.
En la misma línea, la republicana Mónica de la Cruz defendió la propuesta como una solución de “sentido común” que permita cerrar brechas en el mercado laboral.
Organizaciones la respaldan
Desde las organizaciones impulsoras, el director de campaña de ABIC Action, Michael Deheeger, describió la ley como una respuesta “pragmática y equilibrada” que, según sus promotores, podría fortalecer la economía, estabilizar comunidades y reducir costos para las familias, además de contemplar inversiones por $70,000 millones de dólares en trabajadores estadounidenses.
Otros líderes también respaldaron la propuesta. Ashley DeAzevedo, de American Families United Action, subrayó que la coalición reúne a sectores que tradicionalmente no coinciden.
Representantes del sector construcción y educativo también destacaron la necesidad de reformas. Sergio A. Barajas señaló que la ley podría ayudar a asegurar y ampliar la fuerza laboral en la industria, mientras que Diego Sánchez, de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, resaltó el impacto de los “dreamers” en la economía y la innovación.
No obstante, el debate en torno a la iniciativa ocurre en un contexto más amplio en el que algunos grupos han expresado preocupaciones sobre posibles efectos en la aplicación de leyes migratorias a nivel local y la relación entre comunidades e instituciones.
