El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, reconoció ante un tribunal que funcionarios federales entregaron información incorrecta sobre el tiroteo perpetrado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el mes pasado.
Tras la revisión de nuevas pruebas, pidió retirar los cargos contra el hombre que resultó herido y contra otro señalado de atacar al funcionario, publicó The New York Times.
En el escrito judicial, citado por el medio neoyorquino, Rosen explicó que la evidencia hallada recientemente no coincide con los señalamientos incluidos en la acusación ni con declaraciones previas presentadas ante la corte.
Por ello, sostuvo que cerrar el caso de forma definitiva respondía al interés de la justicia. El juez federal Paul A. Magnuson aceptó la solicitud y desestimó el proceso con perjuicio, lo que impide reabrirlo.
Dos agentes de ICE apartados de sus funciones
El director interino de ICE, Todd Lyons, informó que dos agentes habrían dado testimonios inexactos bajo juramento. Según detalló, las grabaciones del operativo contradicen parte de sus declaraciones, por lo que ambos fueron enviados a licencia administrativa mientras avanza una investigación interna que podría derivar en despidos o cargos penales.
El incidente ocurrió el 14 de enero en Minneapolis, cuando un agente disparó contra Julio C. Sosa-Celis durante un procedimiento migratorio. El hombre sufrió una herida en la pierna que no comprometió su vida. Otro acusado, Alfredo A. Aljorna, fue detenido sin lesiones.
Ambos fueron arrestados después de que los agentes utilizaran gas lacrimógeno para obligarlos a salir de un edificio.
Kristi Noem llegó a defenderlo
La versión oficial del hecho cambió con el paso de los días. Inicialmente, las autoridades sostuvieron que los dos hombres habían atacado al agente con herramientas y que representaban una amenaza directa. Sin embargo, posteriormente surgieron contradicciones sobre cómo se desarrolló el enfrentamiento, quién intentó huir y cuántas personas participaron.
Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que intentaron matarlo.
La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Brian D. Clark, respaldó la decisión de la fiscalía y pidió que se identifique públicamente al agente que abrió fuego para determinar posibles responsabilidades.
Un tercer migrante, el venezolano Gabriel Hernández Ledezma, fue arrestado tras el hecho bajo sospecha de haber intervenido en el ataque, aunque nunca se formalizaron cargos. Aun así, quedó bajo custodia migratoria y lo trasladaron a Texas.
Su abogado sostiene que podría tratarse de un testigo relevante cuya versión pondría en duda el relato inicial del gobierno.
Tras más de dos meses de operativos, las autoridades anunciaron el fin de ese refuerzo, durante el cual se reportó la detención de más de 4,000 personas sin estatus migratorio regular.
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