La fiscal general de Nueva York Letitia James celebró este viernes que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los amplios aranceles impuestos por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El fallo favorece a James y a una coalición de 11 fiscales generales que, en abril de 2025, demandaron a la administración Trump por imponer nuevos aranceles masivos que, según denunciaron, afectaron gravemente a trabajadores y empresas.
“Estos aranceles ilegales causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para familias y empresas en todo el país”, señaló la fiscal general James en un comunicado publicado por la Fiscalía General del Estado de Nueva York.
“La Corte Suprema ha acordado que esta administración no tiene autoridad para imponer nuevos impuestos masivos por capricho. Esta es una victoria crucial para el estado de derecho y nuestra economía, y seguiré luchando para proteger a los neoyorquinos de políticas destructivas que hacen la vida menos asequible”, expresó.
La demanda contra los aranceles comenzó en abril de 2025, y en los meses siguientes tanto el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos como el Tribunal de Apelaciones fallaron a favor de la fiscal general y la coalición, determinando que la administración Trump no contaba con la autoridad legal para imponer estas medidas mediante órdenes ejecutivas.
El fallo de la Corte Suprema subraya que el presidente no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles radicales de manera unilateral, dejando en evidencia que la facultad tributaria corresponde exclusivamente al Congreso.
A la fiscal general James se sumaron en la demanda los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón y Vermont.
El caso marca un revés significativo para Trump, quien había utilizado estos aranceles como parte de su estrategia para reconfigurar alianzas comerciales globales y ejercer presión económica sobre otros países.
El presidente criticó el fallo y aseguró que buscará alternativas legales para imponer aranceles.
El comunicado de la Fiscalía General de Nueva York resalta que esta resolución protege a los consumidores y empresas de medidas que “hacen la vida menos asequible” y refuerza el principio de que las políticas económicas de gran alcance requieren la aprobación del Congreso.
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