La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se puso nuevamente los guantes para liderar otra pelea legal contra el presidente Donald Trump. Esta vez, encabeza una coalición de 21 fiscales generales estatales y los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania en una demanda para frenar el más reciente intento del mandatario de imponer amplios aranceles que terminan funcionando como nuevos impuestos para los estados, las empresas y los consumidores.
Un arancel es un impuesto gubernamental aplicado a los productos importados. Las empresas deben pagar este cargo adicional al gobierno al introducir mercancías extranjeras para su venta en el país, lo cual a juicio de los críticos de esta medida económica pone presión a la inflación de productos, especialmente los alimentos.
La acción legal se presenta poco después de que la Corte Suprema fallara a favor de James y de otros 11 fiscales generales que habían demandado para detener los aranceles impuestos por el presidente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Tras esa decisión judicial, el presidente emitió una nueva proclamación imponiendo aranceles a una variedad de países y productos, esta vez invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
En la demanda, James y la coalición argumentan que este proceso también es ilegal, ya que el presidente no tiene autoridad para imponerlos.
Según sostienen, la acción no cumple con los requisitos establecidos por la Sección 122 y además viola el principio constitucional de separación de poderes.
El objetivo es que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declare ilegales estos nuevos impuestos, que impida su implementación y que ordene al gobierno federal devolver a los estados los costos que pagaron como resultado de estas medidas.
“Una vez más, el presidente Trump está ignorando la ley y la Constitución para, en la práctica, aumentar los impuestos a consumidores y pequeñas empresas”, declaró James.
Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que las políticas arancelarias de la administración han afectado negativamente a empresas, agricultores y consumidores en todo el estado.
“Es momento de que el gobierno federal devuelva los 13,5 mil millones de dólares que se han quitado a los trabajadores neoyorquinos y ponga fin al caos económico que estos impuestos ilegales han generado”, señaló Hochul.
Costos para los estados
En el texto de la demanda se aclara que la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 nunca antes había sido utilizada por un presidente para imponer aranceles de esta magnitud. La legislación fue diseñada para permitir medidas arancelarias limitadas en situaciones de crisis monetarias específicas, como un déficit significativo en la balanza de pagos, un problema económico que podía ocurrir bajo sistemas de tipo de cambio fijo como el antiguo patrón oro.
Sin embargo, Estados Unidos abandonó ese sistema hace más de medio siglo.
Además, la demanda sostiene que estos gravámenes tampoco cumplen con otros requisitos legales de la Sección 122, que exige que las medidas se apliquen de forma consistente y no discriminatoria. Aunque, los nuevos aranceles incluyen numerosas excepciones, entre ellas para productos provenientes de Canadá, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como una lista de excepciones de productos que se extiende por 84 páginas.
Los fiscales también argumentan que los cambios abruptos en la política arancelaria han generado costos significativos para los estados, que deben destinar recursos para evaluar cómo estas medidas afectan a los precios, los contratos con proveedores y la administración pública.
A la demanda se suman los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania.
El dilema
Para portavoces de la Casa Blanca y líderes republicanos estos aranceles están ayudando a nivelar el campo de juego frente a prácticas comerciales injustas, protegiendo empleos en sectores como manufactura, acero y agricultura, frente a competencia extranjera.
Los datos oficiales muestran que Estados Unidos recaudó 287,000 millones de dólares en aranceles, impuestos y tasas aduaneras en 2025, un 192% más que el año anterior.
La administración Trump afirma que los gobiernos y exportadores extranjeros absorben la mayor parte de los costos arancelarios, aunque algunos estudios muestran que han sido asumidos en gran medida por los consumidores y las empresas estadounidenses.
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