Hace más de dos décadas, el Tribunal Suprema prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual condenados por crímenes capitales como un castigo “cruel e inusual”, prohibido por la Octava Enmienda.
En un caso relevante de Alabama ante la Corte Suprema, se solicita a los jueces que aclaren quién califica como “discapacitado intelectual” y qué papel juegan los puntajes de las pruebas de coeficiente intelectual (CI) en la determinación.
Un hombre de Alabama, Joseph Clifton Smith, que presentó el caso, admitió haber cometido un asesinato en 1997 en medio de un robo, pero impugno su condena de muerte argumentando que desde muy joven había tenido un “funcionamiento intelectual sustancialmente inferior al promedio”.
Smith hizo cinco pruebas de CI diferentes a lo largo de casi 40 años, obteniendo un resultado de 75 en 1949, 774 en 1982, 72 en 1998, 78 en 2014 y 74 en 2017.
Por lo general, se considera que las personas menores de 70 años ya cuentan con una discapacidad intelectual, pero los principales grupos médicos estadounidenses recomiendan una evaluación holística que tenga en cuenta las habilidades sociales y prácticas.
Los grupos indican que las puntuaciones de las pruebas estandarizadas por sí solas no deberían ser concluyentes. La puntuación de Smith de 72, por ejemplo, podría ser de 69 al considerar el margen de error de 3 puntos, informó ABC News.
“Los diagnósticos de discapacidad intelectual basados únicamente en las puntuaciones de las pruebas de CI son erróneos e inválidos”, declararon a la corte los abogados de la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría en un escrito legal. “Sin embargo, las puntuaciones de las pruebas de CI siguen siendo relevantes; las pruebas de CI son un método científicamente válido para determinar estimaciones de la capacidad intelectual de un individuo. La clave está en comprender tanto el valor de las pruebas de CI como sus limitaciones”.
Smith, quien supuestamente sufrió de abuso fisico y verbal de niño, se desempeñaba constantemente dos grados por debajo de su nivel escolar, de acuerdo con documentos judiciales, Su escuela lo clasificó como “Retrasado Mental Educable” en séptimo grado, antes de que al final abandonara la escuela.
Dos tribunales federales inferiores decidieron que un análisis holístico de los puntajes de CI de Smith y otras pruebas, incluidos su historial de comportamiento y registros escolares, mostraban que efectivamente contaba con una discapacidad intelectual y debería pasar el resto de su vida encarcelado en vez de enfrentar la ejecución.
Alabama quiere que los jueces desestimen esa evaluación.
“Joseph Smith no tiene discapacidad intelectual, y la Octava Enmienda no anula la pena de muerte que recibió por asesinar a Durk Van Dam”, alego el estado en su escrito ante el Supremo. “La ponderación de múltiples puntuaciones de CI, y la forma de hacerlo, queda a discreción del estado”.
Alabama explica que la discapacidad intelectual solo puede probarse a través de un puntaje de CI de 70 o menos por medio de una preponderancia de la evidencia.
El dictamen del Tribunal Supremo en el caso determinará si Smith vive por el resto de sus días tras las rejas o muere como parte de su condena a pena de muerte.
En términos generales, el fallo podría determinar cuántas otras personas con discapacidad intelectual limítrofe sentenciadas a muerte podrían convertir sus condenas de muerte a cadenas perpetuas.
De acuerdo con una estimación, hasta un 20% de las 2,100 personas con penas de muerte en el país pueden tener algún grado de discapacidad intelectual, informó el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Se espera que el fallo del caso Hamm vs. Smith se dicte a finales de junio del próximo año.
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