La “Operación Catahoula Crunch” se lanzó oficialmente el miércoles cuando los funcionarios de la Patrulla Fronteriza fueron vistos en el área metropolitana de Nueva Orleans para la última ofensiva de control de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Asimismo, se dio a conocer a través de la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, que el organismo tiene como objetivo “5,000 arrestos o más”. Los funcionarios no confirmaron cuántas detenciones se ha hecho hasta ahora.
La medida surge luego de semanas de especulaciones sobre que los agentes de la Patrulla Fronteriza se trasladarían a Nueva Orleans tras los aumentos federales parecidos en Chicago y Charlotte.
Además, el gobierno del presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas contra los inmigrantes somalíes en Minneapolis esta semana.
Por lo tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó el miércoles una demanda impugnando una ley de Louisiana que exige la cooperación de las fuerzas de seguridad locales y prohíbe la “interferencia” en los esfuerzos federales de control de la inmigración.
La ley, citada frecuentemente por la Fiscal General, Liz Murrill, quien declaró que “las personas que interfieren con ICE, la Patrulla Fronteriza o atacan a las fuerzas del orden están cometiendo un delito estatal y serán procesadas”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Nueva Orleans lanzó un portal en línea para que los habitantes de la ciudad denuncien posibles abusos de parte de autoridades federales de inmigración. En la página en cuestión, se incluye información sobre sus derechos al interactuar con las fuerzas del orden.
En un comunicado de prensa, en redes sociales y entrevistas del miércoles, el DHS dijo que la ofensiva se enfoca en personas con antecedentes penales anteriormente divulgados por la policía de Nueva Orleans, informó Axios.
Cabe recalcar, qué en oleadas similares se han llevado a cabo en otras ciudades, arrastrando a cientos de personas sin antecedentes penales, dicen los informes.
Las resoluciones de consentimiento federal han prohibido por mucho tiempo tanto al Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) como a la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans a brindar su apoyo en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El decreto de consentimiento del NOPD concluyó hace aproximadamente dos semanas, aunque la jefa Anne Krikpatrick dijo que su departamento no respaldara los esfuerzos de inmigración porque son cuestiones de derecho civil y no penal.
Murrill está buscando la manera en poner fin a la sentencia de la OPSO.
No obstante, las agencias policiales suburbanas, como las de Kenner y Gretna, han colaborado en los esfuerzos de inmigración, incluso tan recientemente como la semana pasada.
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