Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una organización delictiva con ramificaciones en América Latina y relacionado con el comercio de equipos informáticos.
La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú.
La misma institución recordó que, en una fase anterior de esta investigación, en noviembre de 2023, fueron detenidas 24 personas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el departamento de aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Se sospechaba que los investigados habían creado una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina.
Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidora principal.
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