Una jueza federal ordenó detener un plan de la administración Trump que buscaba emplear información fiscal confidencial para facilitar la deportación de migrantes, al concluir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) divulgó de forma ilegal datos protegidos.
La decisión fue informada este viernes y se basa en documentación revelada en un caso seguido de cerca por The New York Times, que dio a conocer los detalles del fallido acuerdo entre agencias.
El IRS, de acuerdo con el medio, compartió este verano con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas direcciones obtenidas de declaraciones de impuestos, pese a que la ley federal restringe el uso de esta información.
De hecho, varios altos funcionarios del IRS renunciaron meses atrás por temor a que el traspaso masivo de datos pudiera violar la legislación vigente.
Los documentos citados por The New York Times muestran que ICE solicitó en junio datos relacionados con unos 1.3 millones de personas, y que en agosto el IRS entregó a la agencia las últimas direcciones conocidas de alrededor de 47,000 migrantes.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly, nominada en su momento por el expresidente Bill Clinton, concluyó que el acuerdo entre ambas agencias era excesivamente amplio.
Señaló que la ley únicamente autoriza la entrega de información fiscal a funcionarios gubernamentales directamente involucrados en investigaciones activas.
En este caso, miles de direcciones fueron enviadas a un solo funcionario de ICE, algo que —según su fallo— no podía justificar que todas formaran parte de pesquisas individuales.
“Los demandantes han demostrado que la divulgación de información confidencial de direcciones por parte del IRS a ICE fue contraria a la ley”, escribió la magistrada en su decisión, citada por el medio neoyorquino.
El fallo suspende de inmediato el acuerdo de intercambio de datos entre ambas agencias y exige que cualquier intento futuro de compartir información fiscal sea revisado por el tribunal.
La jueza ya había ordenado anteriormente que el IRS informara sobre todas las solicitudes realizadas por ICE para obtener registros tributarios.
El IRS ha promovido durante años que los indocumentados presenten declaraciones fiscales, y tanto abogados tributarios como defensores de derechos migratorios habían confiado en que esa información no sería usada para perseguir deportaciones.
Un análisis del Yale Budget Lab citado por el diario estima que, solo en 2023, trabajadores indocumentados aportaron $66,000 millones de dólares en impuestos federales, incluidos $43,000 millones en tributos destinados a financiar el Seguro Social y Medicare.
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