Denuncian invasores son apoyados por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
Santo Domingo.- Representantes de la organización Los Derechos Humanos Sin Rostro denunciaron este martes la ocupación ilegal y la deforestación de áreas privadas destinadas al desarrollo del Parque Natural Saori, propiedad del restaurante La Chivería, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.
Durante declaraciones públicas, Eugenio Torres, director de Derechos Humanos Sin Rostro, acusó directamente a invasores de actuar con el presunto respaldo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, a quien responsabilizó de utilizar el nombre y el logo de los derechos humanos para justificar acciones ilegales.
“¿Cómo es posible que se coja el logro de una institución como la Comisión para invadir terrenos? Se han convertido en una banda nacional. En La Romana, Bávaro, Cabeza de Toro y donde quiera que hay zonas turísticas, esa institución lleva malhechores para invadir”, expresó Torres.
El activista sostuvo que estas ocupaciones afectan a ciudadanos que han adquirido terrenos de manera legal, con documentación al día y, en muchos casos, mediante préstamos bancarios. En ese sentido, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader, a la procuradora general Jenny Berenice Reynoso, y a las autoridades ambientales para frenar lo que calificó como un “robo de propiedad privada”.
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“Nadie puede usar el logo de los Derechos Humanos para delinquir. Condenamos fuertemente a todo el que apoye una invasión, porque eso es robarle la propiedad a un ser humano”, afirmó.
Daños ambientales y amenazas
De su lado, el propietario Román Espinal explicó que la invasión ha provocado un daño severo al proyecto ambiental que se desarrolla en la zona, cuyo objetivo principal es la creación de un cordón verde para la protección del ecosistema.
“Al ser invadido el Parque Natural Saori se nos afecta gravemente el cordón verde que deseamos proteger. Compramos esas tierras en 2022 con el único objetivo de desarrollar un parque y conservar la naturaleza”, explicó.
Espinal calificó como “ilógico” que, tras más de cuatro décadas de presencia familiar en la zona, ahora aparezcan personas alegando que los terrenos fueron donados en el gobierno del Joaquín Balaguer para la supuesta construcción de un cementerio, versión que —según dijo— nunca había sido planteada.
Denunció, además, talas indiscriminadas de árboles protegidos, amenazas directas contra el personal que custodiaba el área y un clima de intimidación que obligó a retirar cerca del 20 % de los trabajadores del parque.
“Lo que buscan es provocar violencia para luego justificarla. Nosotros queremos hacer un parque, no quedarnos sin árboles mientras el proceso legal se extiende”, sostuvo.
El empresario aseguró que el caso no es aislado y que, al acudir a la Procuraduría y a la Policía Nacional, le fue advertido que las invasiones de terrenos se han convertido en una práctica en expansión.
“Nos dicen que es una industria que va en crecimiento. Mientras tanto, ellos llegan, tumban árboles y ocupan sin ningún proceso. Luego se refugian detrás de comisiones de derechos humanos”, lamentó.
Los denunciantes reiteraron que todas las querellas han sido depositadas ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Procuraduría General y la Policía Nacional, acompañadas de evidencias audiovisuales.
Finalmente, advirtieron que, de no intervenir las autoridades con prontitud, los daños ambientales podrían volverse irreversibles y sentar un precedente peligroso para la seguridad jurídica y la protección de las áreas naturales del país.
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