Santo Domingo.– Este 8 de marzo se cumplen once meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más devastadores en la historia de la República Dominicana.
A casi un año del suceso, el dolor permanece intacto para decenas de familias que aún buscan respuestas, mientras el proceso judicial sigue avanzando entre trámites legales, querellas y debates periciales. El caso se ha convertido en uno de los expedientes más observados del país debido a la magnitud de la tragedia y el impacto social que provocó.
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La investigación del Ministerio Público derivó en la imputación de los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias por el colapso de la estructura.
Como parte del proceso, el órgano persecutor solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, además de que el expediente fuera declarado caso complejo debido a la gran cantidad de víctimas. Sin embargo, el tribunal impuso una garantía económica de RD$50 millones para ambos imputados, junto con impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, rechazando la prisión preventiva solicitada por los fiscales.
La decisión generó controversia entre representantes del Ministerio Público y abogados de las víctimas, quienes consideraron que las medidas impuestas no corresponden a la gravedad del hecho. Ante esto, el órgano acusador anunció que apelaría la resolución.
Querellas y demandas
Durante el proceso, familiares de víctimas y sobrevivientes han presentado numerosas querellas, algunas dirigidas no solo contra los propietarios, sino también contra instituciones públicas por supuestas fallas de supervisión. En paralelo, varias familias han interpuesto demandas patrimoniales contra el Estado y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, reclamando indemnizaciones millonarias por daños materiales, morales y psicológicos.
Recientemente, la defensa de los imputados solicitó autorización para realizar un nuevo peritaje independiente sobre las ruinas del establecimiento, pero el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró la solicitud inadmisible, aunque dejó abierta la posibilidad de que pueda ser planteada nuevamente por la vía administrativa.
Once meses después, el entorno donde funcionaba la discoteca permanece en silencio, convertido en un espacio de memoria y reclamo. Flores, velas y mensajes colocados por familiares y ciudadanos recuerdan a las víctimas, mientras crece la exigencia colectiva de verdad y justicia.
Para muchos de los afectados, el paso del tiempo no ha cerrado las heridas, y la tragedia del Jet Set sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional.
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