Un tribunal federal de Tennessee llevará a cabo una audiencia clave este jueves para determinar si las acciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de Kilmar Abrego García constituyen un caso de “procesamiento vengativo”.
La sesión programada para este jueves surge tras una decisión previa del juez federal Waverly Crenshaw Jr. El magistrado decidió en diciembre suspender el inicio del juicio. En su orden judicial, Crenshaw Jr. especificó que “había suficiente evidencia para celebrar una audiencia sobre la cuestión del procesamiento vengativo”, abriendo la puerta a la revisión de la conducta estatal en este expediente.
Abrego García enfrenta acusaciones por presunto tráfico de personas en jurisdicción de Tennessee. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por una serie de disputas legales sobre el manejo de su estatus migratorio y los métodos de captura empleados por la administración federal, informó ABC News.
Controversia por deportación a la prisión CECOT
A pesar de que existía una orden judicial vigente desde el año 2019 que prohibía su expulsión hacia El Salvador por temor a persecución, Abrego García fue deportado por la administración de Donald Trump. Durante este periodo, fue trasladado a la megaprisión denominada Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT).
El gobierno estadounidense justificó sus acciones bajo la premisa de que el implicado pertenece a la pandilla MS-13. Por su parte, tanto el acusado como su equipo de defensa legal han negado reiteradamente esta acusación. Tras permanecer meses en El Salvador, fue devuelto a los Estados Unidos en junio para ser procesado por los cargos de tráfico de personas, de los cuales se declaró oficialmente inocente ante el tribunal.
Estatus legal y restricciones de detención
El sistema judicial impuso actualmente límites estrictos a la capacidad de acción de las autoridades migratorias sobre Abrego García. Un juez federal dictaminó la semana pasada que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene permitido volver a detenerlo.
De acuerdo con la sentencia, el periodo de detención permitido de 90 días expiró sin que el Gobierno presentara un plan viable para su deportación.
Actualmente, el salvadoreño se encuentra en libertad bajo la custodia de su hermano en Maryland, a la espera de que se resuelva la cuestión de la conducta gubernamental en la audiencia de este jueves.
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