Un juez federal en Massachusetts determinó hoy que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias, incluida la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han deportado ilegalmente a personas a terceros países sin otorgarles el debido proceso legal, en violación de la Constitución y de la ley federal.
La decisión fue emitida por el juez Brian E. Murphy del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusett. En un memorando y orden de más de 80 páginas, el tribunal examinó la legalidad de la política de la admninistración de Donald Trump que permitía enviar a personas fuera de Estados Unidos a países distintos de aquellos identificados en sus órdenes de deportación.
Deportaciones sin aviso ni audiencia
El tribunal concluyó que la política cuestionada permitía que personas fueran removidas a países terceros sin notificación significativa ni oportunidad de presentar objeciones o temores de persecución o tortura.
El juez sostuvo que el debido proceso exige, como mínimo, que una persona tenga una oportunidad real de ser escuchada antes de ser deportada a un país donde podría enfrentar daño grave.
“El Gobierno no puede ejecutar una deportación que efectivamente extinga la posibilidad de que una persona ejerza su derecho a impugnarla”, dijo.
El fallo explica que el procedimiento aplicado por el DHS permitía realizar deportaciones a países no previstos previamente, basándose en supuestas garantías diplomáticas, pero sin establecer un mecanismo que permitiera al afectado cuestionar la seguridad de ese destino.
Violación del debido proceso constitucional
El tribunal determinó que esta práctica es incompatible con la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda, subrayando que la Constitución protege a las personas contra privaciones de libertad sin un procedimiento adecuado.
“La ausencia de notificación significativa y de una oportunidad real para ser escuchado antes de la remoción a un tercer país es incompatible con los principios fundamentales del debido proceso”, se lee en el memorando.
El juez señaló que la política federal intentaba sustituir protecciones legales existentes sin proporcionar salvaguardas equivalentes.
“Un sistema que permite la deportación antes de que puedan presentarse objeciones legales no constituye un proceso significativo”, estableció el tribunal.
Decisión judicial y efectos
El tribunal:
- Concedió en parte la solicitud de los demandantes para sentencia sumaria parcial;
- Rechazó en parte la solicitud del gobierno para desestimar la demanda;
- Concluyó que la política federal carece de garantías procesales suficientes.
El juez también concedió un plazo de hasta 15 días para que el gobierno solicite una suspensión de la decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente.
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