Una jueza federal de Washington suspendió temporalmente la normativa de la administración Trump que obligaba a los miembros del Congreso a notificar sus visitas a los centros de detención de inmigrantes de ICE con una semana de antelación.
La magistrada Jia Cobb concluyó que el requisito probablemente excede la autoridad legal del Ejecutivo. En su resolución, señaló que el Gobierno no aportó “ningún ejemplo concreto” de riesgos de seguridad derivados de inspecciones sin previo aviso, según reportó Associated Press.
La decisión de Cobb —nominada originalmente por Joe Biden—, representa un triunfo para el grupo de 13 congresistas demócratas que impugnaron la política de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Cobb subrayó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha podido demostrar la necesidad de esta medida basándose en hechos reales. Según la opinión jurídica, la insistencia del gobierno en imponer estas trabas parece ignorar principios legales previamente establecidos.
“Sin duda, los demandantes están frustrados por los repetidos intentos de los demandados de imponer un requisito de notificación. Al tomar medidas adicionales, los demandados deben acatar los términos de la orden del Tribunal”, dijo Cobb en su escrito.
La jueza también indicó que es “muy probable” que el Ejecutivo utilizara fondos restringidos para aplicar la norma, lo que contravendría una ley que impide bloquear el acceso del Congreso a instalaciones del DHS cuando ejerce funciones de control.
Cronología de una política “en secreto”
La controversia se intensificó debido a las circunstancias en las que se reinstauró esta política, la cual ya había sido bloqueada en una versión previa durante el mes de diciembre.
La secretaria Noem volvió a implementar el requisito el 8 de enero, apenas un día después de que agentes de ICE mataran a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.
Tres días después de la muerte de Good, a las representantes demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig se les impidió la entrada a un centro de ICE cercano a Minneapolis basándose en esta nueva regla, que no se hizo pública hasta después del incidente, según el abogado demandante.
El fallo pone en jaque la estrategia de la administración para controlar el acceso a las instalaciones de ICE, justo en un momento de máximo escrutinio sobre las condiciones de detención y las tácticas de los agentes federales tras los recientes tiroteos mortales.
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