Santo Domingo, RD. – El periodista Hansel García reveló en el programa Esto No es Radio una alarmante modificación legislativa que busca transformar radicalmente las consecuencias legales para los ejecutivos municipales que hagan un uso indebido de los fondos públicos. Según García, un proyecto de ley, ya aprobado en el Senado de la República, pretende eliminar las sanciones penales de cárcel para los alcaldes que desvíen fondos presupuestarios, sustituyéndolas únicamente por multas administrativas.
“El alcalde que lo hace es proclive de tener una sanción penal que puede ir de dos a cinco años de prisión más sanción administrativa que puede consistir en el pago de sueldos mínimos. Ya no, este proyecto de ley quita la sanción administrativa para no ir a la cárcel y solo pagar multas, pese a que nosotros tenemos un editorial de alcaldes que han caído presos por esta tergiversación”, explicó García.
El analista del programa radial agregó además que: “este proyecto de ley está generando amplio debate, los opositores establecen que esto es un salvoconducto para que los alcaldes manejen el presupuesto a su ancha, para que hagan lo que ellos quieran sin grandes sanciones, porque aquí la gente solo le tiene miedo a caer preso”.
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Bajo el marco legal vigente (Ley 176-07), el profesional de la comunicación explicó que los alcaldes están obligados a respetar porcentajes estrictos en el uso del presupuesto: un 30% para nómina, un 40% para servicios, un 25% para obras y un 5% para educación, género y salud,. El incumplimiento de esta distribución actualmente conlleva penas de dos a cinco años de prisión.
La principal preocupación radica en que esta “soltura” presupuestaria facilite la política clientelar, permitiendo que los alcaldes utilicen dinero destinado a obras o servicios para engrosar las nóminas municipales y así asegurar votos para su reelección. García advierte que los políticos dominicanos, al no enfrentar consecuencias penales, podrían manejar los recursos de manera discrecional y “aviesa”.
Sobre el uso político de estos fondos, García señaló:
“Los alcaldes son políticos y ganan con votos. El alcalde que está en una posición, ¿qué es lo que quiere? Seguir en esa posición. ¿Cómo tú haces la política clientelar? Ampliando la nómina, ensanchando la nómina, nombrando gente. Todo el que tú nombras, incluso en municipios apartados y en distritos municipales, tú nombres a gente con 5 mil pesos en un distrito municipal, o 10 mil en un municipio, y ya esa gente vota por ti, vota a su familia y te busca voto… existe la posibilidad de que se tergiverse el dinero de una parte destinada para otra”,.
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La denuncia resalta que, históricamente, la amenaza de cárcel ha sido la única herramienta efectiva de control. García recordó varios casos de alcaldes que han enfrentado a la justicia por irregularidades que comenzaron, precisamente, moviendo dinero de una partida a otra o malversando bienes municipales.
