Una madre soltera de 3 hijos en Florida deberá enfrentar multas municipales que superan los $165,000 dólares, luego de que la Corte Suprema de Florida rechazara revisar su apelación, poniendo fin a una batalla legal que se extendió por varios años y que ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los propietarios en todo el país.
Se trata de Sandy Martínez, propietaria de una vivienda en la ciudad de Lantana, en el condado de Palm Beach. De acuerdo con documentos judiciales, Martínez acumuló más de $100,000 en sanciones por estacionar varios vehículos en la cochera de su propia casa, una práctica que, según las autoridades municipales, violaba el código local porque 2 llantas tocaban ocasionalmente el césped.
Multas diarias por una infracción menor
El expediente del caso detalla que la ciudad impuso multas de hasta $250 diarios durante casi un año, lo que generó una deuda de 6 cifras por una infracción considerada administrativa. Las sanciones comenzaron cuando inspectores municipales determinaron que en la vivienda se estacionaban 4 vehículos, los cuales excedían por algunos centímetros el ancho permitido de la entrada vehicular.
Esa condición provocaba que parte de las llantas quedara sobre el césped, lo que fue interpretado por las autoridades locales como una violación al código municipal de estacionamiento. A partir de ahí, las multas se acumularon de forma diaria sin que, según la propietaria, existiera una solución razonable ofrecida por la ciudad.
Además de las sanciones por estacionamiento, Martínez recibió decenas de miles de dólares adicionales en multas relacionadas con una cerca dañada tras una tormenta y con grietas en el pavimento de su entrada vehicular, lo que agravó aún más su situación financiera.
“Multas ridículas” y sin salida legal
Martínez ha calificado las sanciones como “ridículas” y aseguró que la deuda acumulada le ha impedido vender su vivienda, a pesar de que la ley de Florida protege la vivienda principal, conocida como homestead, frente a una ejecución hipotecaria.
Aunque esa protección impide que el municipio embargue directamente la casa, la propietaria sostiene que las multas han eliminado por completo el capital acumulado en la propiedad, afectando su estabilidad económica y la de sus hijos.
“El daño ya está hecho. No puedo vender, no puedo refinanciar y no veo una salida”, ha señalado en declaraciones recogidas durante el proceso judicial.
Argumentos constitucionales rechazados
Martínez fue representada por el Institute for Justice, una organización legal sin fines de lucro que defiende derechos constitucionales y de propiedad. Los abogados argumentaron que las sanciones violan la Cláusula de Multas Excesivas de la Constitución de Florida, al ser claramente desproporcionadas frente a infracciones menores y no peligrosas.
Sin embargo, esta semana la Corte Suprema de Florida declinó revisar el caso, dejando intactas las decisiones de tribunales inferiores y cerrando definitivamente la vía legal para revertir las multas impuestas por la ciudad de Lantana.
“Las multas de 6 cifras por estacionar en tu propia propiedad son impactantes”, afirmó Ari Bargil, abogado senior del Institute for Justice. El litigante criticó la decisión del máximo tribunal estatal y advirtió que el fallo sienta un precedente preocupante para otros propietarios en Florida.
Preocupación más allá de Florida
El caso ha llamado la atención fuera del estado, especialmente en lugares como Nueva York, donde miles de propietarios enfrentan regulaciones municipales estrictas, multas administrativas elevadas y conflictos con autoridades locales por cuestiones de mantenimiento, estacionamiento o uso de la propiedad.
Expertos en derechos civiles advierten que, aunque estas sanciones se presenten como herramientas para hacer cumplir los códigos urbanos, en la práctica pueden convertirse en castigos financieros desproporcionados, que afectan con mayor fuerza a familias trabajadoras, madres solteras y personas de bajos o medianos ingresos.
En el caso de Sandy Martínez, aunque su casa no puede ser embargada, las multas siguen vigentes y continúan acumulando intereses y cargos, lo que deja a la propietaria en un limbo financiero sin opciones claras para resolver la deuda.
Un proceso que llegó a su fin
La decisión de la Corte Suprema de Florida cierra definitivamente el proceso judicial iniciado por Martínez en 2021 y mantiene en pie las multas impuestas por la ciudad de Lantana. Para defensores legales, el caso expone los límites de la protección constitucional frente a sanciones municipales y reabre el debate sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos locales al imponer multas por infracciones menores.
Mientras tanto, Sandy continúa viviendo en la vivienda que no puede vender, con una deuda que supera ampliamente el valor de las infracciones que la originaron y con pocas alternativas legales para recuperar la estabilidad económica de su familia.
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