La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) implementa una nueva regla que afecta los reclamos de inmigrantes sobre decisiones de cortes en su contra
El 9 de marzo, la Corte de Distrito de Washington, D.C. bloqueó partes claves de una política del gobierno del presidente Donald Trump que limitaba a inmigrantes acciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Aunque se trata de un triunfo sustancial, ya que los inmigrantes podrán seguir peleando sus casos en tribunales migratorios, aún así enfrentarán mayores dificultades.
Esto porque a partir de este mes entró en vigor una regla de la BIA, que depende del Departamento de Justicia, que contempla al menos diversos cambios preocupantes, incluido el hecho de que una de las partes no podrá responder a los argumentos planteados por la otra parte. Es decir, si hay una postura de la autoridad, la defensa del inmigrante no podrá responder.
“Por ejemplo, una persona que apela no tendrá la oportunidad de presentar un segundo alegato de réplica para responder o aportar pruebas en contra de los argumentos que el gobierno presente en su alegato”, expuso Kursten Phelps, abogada litigante del Centro de Justicia Tahirih.
Esa organización lideró una batalla legal sobre los cambios realizados por el gobierno del presidente Donald Trump, los cuales buscaron bloquear prácticamente las apelaciones de una decisión migratoria, como peticiones de asilo, proceso de deportación o la negativa de una visa o Green Card.
La demanda en Washington, D.C. obligó a la BIA: 1) retornar al plazo para presentar la mayoría de las apelaciones de 30 en lugar de 10 días; 2) cancelar exigir la desestimación sumaria de las apelaciones a menos que la mayoría de los miembros permanentes voten en un plazo de 10 días para aceptar el caso para su revisión, y 3) permitir que se tomen decisiones de desestimación antes de que se creen las transcripciones o se transmitan los registros.
¿Y los otros cambios?
A partir del 9 de marzo, los otros cambios de la BIA se mantuvieron en firme, aunque se logró extender el envío de comentarios públicos ante el Registro Federal hasta el 8 de abril de este año.
Phelps destacó que entre los cambios que ya operan está la reducción de los plazos de presentación de alegatos de 21 a 20 días, esto incluye la eliminando de la posibilidad de que una parte solicite una prórroga. La BIA aceptará una petición de extensión solamente si el inmigrante demuestra “circunstancias excepcionales”, un aspecto poco claro.
La BIA también podría decidir casos en forma prácticamente unilateral, ya que el presidente de esa oficina podrá asignar el caso al vicepresidente o a la Fiscal General, en este caso Pamela Bondi, para que tome una decisión.
A los expertos les preocupa también que la norma elimina la facultad del juez presidente de la BIA para extender los plazos de decisión de los casos o para suspender los casos de pendientes, para que se tomen en consideración cambios administrativos confirmados que pueden afectar esos expedientes en un futuro cercano.
Posibles imprecisiones y los casos urgentes
La nueva regla elimina la posibilidad de que los jueces puedan revisar las transcripciones de sus casos, un paso esencial para asegurar la exactitud y evitar confusiones ante la BIA.
El presidente de la Junta tenía la facultad de extender los plazos de un expediente o suspender el proceso, mientras había una resolución ante un tribunal u organismo.
“En conjunto, las disposiciones que entraron en vigor el 9 de marzo hacen que el proceso de apelaciones sea más rígido y acelerado, a la vez que limitan las oportunidades para que los solicitantes respondan a los argumentos del gobierno o corrijan errores en el expediente”, criticó Phelps.
La experta indicó que entre los inmigrantes más afectados serán aquellos que enfrentaron violencia, como mujeres bajo violencia doméstica, o quienes son víctimas de delitos.
“Los inmigrantes sobrevivientes de violencia a menudo necesitan más tiempo para reunir pruebas, obtener documentos y revelar de forma segura sus experiencias traumáticas”, agregó. “Cuando las apelaciones ante la BIA se tramitan con mayor rapidez y se eliminan los escritos de réplica o las prórrogas, los sobrevivientes pueden perder la oportunidad de responder a los argumentos del gobierno, corregir errores en las transcripciones o proporcionar pruebas adicionales que respalden sus solicitudes de protección”.
Por ello, a pesar del bloqueo de un tribunal a parte de la regla, el conjunto de ésta dificultará que los sobrevivientes de violencia “presenten sus casos de manera integral y garanticen que el expediente refleje con precisión el daño que sufrieron”, insistió la experta.
Hasta el momento, la administración Trump ha realizado más de 500 cambios administrativos en materia migratoria, según un rastreo del Migration Policy Institute.
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