La decisión de un tribunal de apelaciones pone en riesgo de deportación y sin derecho a audiencia judicial a miles de inmigrantes
Aproximadamente 622,000 inmigrantes indocumentados están en riesgo de ser deportados en forma acelerada, luego de que la Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C. determinó que esa política del presidente Donald Trump puede aplicar a nivel nacional.
El motivo de que esas personas están en alto riesgo de deportación es que tienen menos de dos años de residencia en Estados Unidos, según un análisis del Migration Policy Institute (MPI), tomando como base datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La información se concentra en cruces fronterizos y concesión de libertad condicional humanitaria para los inmigrantes que llegaron al país entre 2024 y 2026.
La deportación acelerada es un proceso creado por el Congreso en 1996, el cual permite a los funcionarios del DHS “decidir y ejecutar deportaciones en cuestión de horas”, pero su aplicación se había mantenido a menos de 160 millas de las fronteras y para personas que no pueden demostrar que llevan más de dos años viviendo en EE.UU.
Los únicos casos en que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza no debería poner a una persona en proceso de deportación acelerada es a un inmigrante que exprese “temor a regresar, en cuyo caso se requiere una evaluación adicional”, indica el MPI.
La deportación acelerada, se agrega, permite evitar la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, donde estos casos pueden tardar años.
“Según los datos más recientes disponibles del DHS, el MPI estima que 622,000 inmigrantes indocumentados ingresaron al país entre mayo de 2024 y mayo de 2026“, agrega el reporte. “La mayoría ingresó utilizando la aplicación CBP One o un programa de libertad condicional humanitaria, ambos parte de la estrategia de la administración [de Joe] Biden para responder al número récord de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”.
El MPI indica que aunque hubo también cruce de indocumentados desde Canadá, se trata de un pequeño porcentaje.
La dificultad de demostrar estancia en EE.UU.
Aunado a esos 622,000 inmigrantes indocumentados en riesgo, otras personas podrían ser sometidas a un proceso de deportación acelerada, debido a dos elementos: 1) se les exigirá demostrar que llevan más de dos años viviendo en EE.UU. y 2) de no poder demostrar el periodo de estancia en el país podrían ser deportados sin una audiencia judicial.
“La administración [Trump] ha afirmado que las personas deben poder demostrar rápidamente que tienen más de dos años de residencia en Estados Unidos”, recordó el MPI.
El 21 de enero de 2025, la política del presidente Trump amplió la deportación acelerada. Un juez de Distrito suspendió la orden, pero la Corte de Apelaciones decidió a favor del gobierno sobre la apelación liderada por la organización Make the Road New York y otras organizaciones.
“El intento del gobierno de Trump de ampliar la deportación acelerada es solo uno de los muchos ataques que enfrentan a diario las comunidades inmigrantes. De permitirse que siga adelante, socavaría gravemente el debido proceso y daría lugar a innumerables deportaciones injustas o erróneas, destrozando familias para siempre”, expuso Yaritza Méndez, subdirectora de Make the Road New York.
El asesor jurídico general del DHS, James Percival, celebró el fallo y urgió a indocumentados a salir voluntariamente de EE.UU. con un pago de $2,500 dólares.
El reporte de la MPI recuerda que antes de que la orden fuera suspendida por primera vez, decenas de inmigrantes fueron detenidos y deportados de manera expedita.
“Antes de que un juez federal suspendiera los procedimientos acelerados ampliados el año pasado, algunos inmigrantes indocumentados con más de dos años de residencia en Estados Unidos fueron arrestados y detenidos, y probablemente deportados, porque no pudieron presentar la documentación solicitada o porque no se les dio la oportunidad de hacerlo”, indica.
A los inmigrantes indocumentados se les recuerda tener asesoría legal certificada, para conocer sus opciones en caso de encuentro con ICE.
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