El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el venezolano fue detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Texas mientras conducía
Un ciudadano venezolano beneficiario del Estatus de Protección Temporal presentó una reclamación administrativa contra el gobierno federal de Estados Unidos luego de haber permanecido detenido durante ocho días por autoridades migratorias, pese a contar con una protección legal vigente que, según sus representantes, impedía tanto su arresto como una eventual deportación.
La acción fue anunciada por el Centro de Derecho y Política Migratoria de la Familia Miñana de la Facultad de Derecho de UCLA, que presentó la reclamación bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios.
El procedimiento constituye el primer paso para solicitar una compensación económica por los daños ocasionados por la actuación de funcionarios federales.
De acuerdo con la organización, el caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el venezolano fue detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Texas mientras conducía. En ese momento, una orden judicial federal había restablecido el TPS para los ciudadanos venezolanos.
Según la denuncia, el migrante mostró a los agentes su documento de autorización de empleo y una notificación oficial que extendía la vigencia de su estatus migratorio.
Además, insistió en repetidas ocasiones en que contaba con TPS válido y les pidió verificar la información en los registros oficiales o consultar una copia de la orden judicial que llevaba consigo. Pese a ello, fue arrestado.
“Lo que me hicieron a mí y a otros es irreversible”, expresó el beneficiario del TPS, quien pidió mantener su identidad en reserva. “Esta denuncia es la única manera que tengo de exigir responsabilidades y, con suerte, de añadir una garantía adicional a un sistema que con demasiada frecuencia no reconoce a la persona detrás del caso”.
El Centro Miñana sostiene que la detención violó las protecciones contempladas en la legislación del TPS, que impiden la detención y deportación de quienes mantienen ese estatus vigente y les permiten trabajar legalmente en el país durante los períodos autorizados.
“La detención nunca debió ocurrir”, afirmó la abogada Sofía López Franco, integrante del Centro Miñana. Explicó que las autoridades ignoraron tanto la orden judicial que restablecía el TPS para Venezuela como las disposiciones legales aprobadas por el Congreso para proteger a los beneficiarios del programa.
Tras su arresto, el venezolano pasó dos noches en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza, donde, según el relato presentado por sus abogados, permaneció en una instalación fría y con sobrepoblación.
Posteriormente fue trasladado a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nuevo México.
La organización aseguró que, durante ese período, las autoridades continuaron sin reconocer la validez de su TPS. Finalmente, luego de gestiones realizadas por abogados del Centro Miñana ante la Fiscalía Federal local, el gobierno ordenó su liberación.
La reclamación administrativa busca una indemnización por las presuntas violaciones legales y por las consecuencias sufridas tras la detención. De acuerdo con el expediente, más de seis meses después de recuperar su libertad, el venezolano continúa experimentando pesadillas, náuseas y episodios de sudoración excesiva relacionados con la experiencia.
El procedimiento presentado obliga ahora a las agencias federales involucradas a evaluar la reclamación. Si no responden o no alcanzan una resolución en un plazo de seis meses, o si rechazan la solicitud, el afectado podrá llevar el caso ante un tribunal federal mediante una demanda formal bajo la FTCA.
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