Migrantes detenidos durante meses en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están solicitando ser deportados ante el encierro prolongado y las malas condiciones, un fenómeno que, según la agencia de noticias The Associated Press, se ha vuelto más frecuente.
El solicitante de asilo nicaragüense Felipe Hernández Espinosa, de 34 años, pasó 45 días en Alligator Alcatraz, un centro de detención en Florida donde los reclusos han denunciado gusanos en la comida, inodoros que no funcionan, aguas residuales desbordadas y la presencia constante de mosquitos e insectos.
Desde hace cinco meses permanece en otro centro ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, donde en enero murieron dos migrantes y, de acuerdo con organizaciones humanitarias, se repiten condiciones similares.
“Estoy desesperado”
Hernández aseguró que ha pedido que lo envíen de regreso a Nicaragua, pero le indicaron que debía comparecer ante un juez. Tras casi siete meses detenido, su audiencia fue fijada para el 26 de febrero.
“Vine a este país pensando que me ayudarían, y llevo seis meses detenido sin haber cometido ningún delito. Ha pasado demasiado tiempo. Estoy desesperado”, dijo en una entrevista telefónica desde Fort Bliss.
La detención prolongada se ha vuelto más común durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, indicó AP, en parte por una política que prohíbe a los jueces de inmigración liberar a los detenidos mientras sus casos avanzan en tribunales congestionados.
Muchos, como Hernández, están dispuestos a renunciar a cualquier intento de permanecer en Estados Unidos
La Corte Suprema determinó en 2001 que las autoridades migratorias no pueden retener a inmigrantes indefinidamente y consideró seis meses como un límite razonable. Sin embargo, con más de 70,000 personas bajo custodia de ICE por primera vez, al menos 7,252 llevaban seis meses o más detenidas a mediados de enero, incluidas 79 que superaban los dos años.
La cifra duplica las 2,849 registradas en diciembre de 2024.
Aunque la administración Trump ofrece pasajes de avión y $2,600 dólares a quienes acepten salir voluntariamente del país, varios detenidos afirman que no pueden abandonar los centros hasta presentarse ante un juez.
Abogados alertan que no son casos aislados
La abogada Ana Alicia Huerta contó a AP que los primeros tres detenidos que atendió en enero en un centro de ICE en McFarland, California, habían firmado formularios para salir de Estados Unidos, pero seguían esperando.
“Todos me dicen: ‘No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para que me deporten’”, afirmó la letrada de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes. También mencionó el caso de un ciudadano chino que lleva más de un año detenido sin ver a un juez pese a haber manifestado que aceptaba su deportación.
Antes, explicó, situaciones así aparecían solo cada tres o cuatro meses.
Para Sui Chung, director ejecutivo de Americans for Immigrant Justice, las condiciones influyen en la decisión de desistir de los procesos migratorios. “Las condiciones son tan pobres y malas que la gente dice: ‘Me voy a rendir’”, señaló.
El tiempo de espera también puede depender del país de origen. Mientras las deportaciones a México son habituales, naciones como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela han mostrado resistencia en ocasiones para recibir a sus ciudadanos.
Entre los detenidos hay personas protegidas por la Convención de la ONU contra la Tortura que no pueden ser enviadas a su país, pero sí a un tercero. Antes solían ser liberadas con permisos de trabajo, algo que según la abogada Sarah Houston ya no ocurre.
Indicó que tiene al menos tres clientes en esa situación que llevan más de seis meses detenidos, incluido un salvadoreño que ganó su caso en octubre de 2025 y aún sigue bajo custodia. “Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente”, afirmó Houston.
Hernández, que no tiene abogado, dijo haber firmado al menos cinco veces documentos para regresar a su país o a México. Una audiencia prevista para el 9 de octubre fue cancelada sin explicación y no recibió noticias durante meses. Padece alergias y necesita una dieta sin gluten que, asegura, no ha seguido desde noviembre.
Fue arrestado en julio mientras almorzaba en su trabajo instalando generadores eléctricos en el sur de Florida. Su esposa también fue detenida, pero un juez le permitió regresar a Nicaragua el 28 de agosto.
La pareja había cruzado la frontera en 2022 y solicitó asilo tras recibir amenazas de muerte por participar en protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Si finalmente sale de Estados Unidos, planean trasladarse a Panamá o España.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Hernández apeló una orden de deportación en enero de 2025 y que expulsarlo ahora podría vulnerar su derecho al debido proceso.
Otro caso es el de Yashael Almonte Mejía, dominicano de 29 años detenido desde hace ocho meses después de que el gobierno solicitara desestimar su caso de asilo. Ha sido trasladado entre centros en Florida, Texas y Nuevo México.
En noviembre se casó por videollamada con su novia estadounidense, que estaba embarazada, y tuvo una hija a la que aún no conoce. Tampoco pudo asistir al funeral de su hermana.
“Ha pasado por una depresión. Ha estado muy mal. Está desesperado y ni siquiera sabe qué va a pasar”, dijo su tía citada por la agencia de noticias.
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