Un presidente en ejercicio puede ser arrestado si enfrenta cargos de insurrección, según la constitución de Corea del Sur.
Un tribunal surcoreano emitió una orden de arresto y registro contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien declaró la ley marcial a principios de mesmarcando un hito en la historia política del país.
La decisión tomada este martes se produce después de que un equipo conjunto de investigación solicitara la medida por cargos de insurrección y abuso de poder, tras la negativa del presidente a comparecer ante tres citaciones para interrogatorio.
Según la Constitución de Corea del Sur, un presidente en ejercicio puede ser arrestado si enfrenta cargos de insurrección. Esta es la primera vez que se emite una orden de este tipo contra un presidente en ejercicio en el país.
Los abogados de Yoon pidieron al tribunal que anule la orden, argumentando que él no tiene autoridad para investigar un caso de insurrección y argumentando que su declaración de ley marcial era constitucional.
La polémica comenzó el 3 de diciembre, cuando Yoon anunció en un discurso televisado la imposición de la ley marcial.justificando su decisión como necesaria debido a las acciones del Partido Demócrata, la oposición liberal. Acusó al partido de controlar el Parlamento y paralizar al gobierno, lo que provocó protestas masivas en todo el país.
Reacciones y consecuencias de la asamblea.
En consecuencia, la Asamblea Nacional reaccionó rápidamente a la declaración presidencial y votó casi por unanimidad para exigir el levantamiento inmediato de la ley marcial. De los 300 parlamentarios, 190 presentes votaron a favor de esta medida.
La respuesta de Yoon a esta presión legislativa fue anunciar que retiraría las tropas desplegadas para implementar la ley marcial y prometió levantarla tan pronto como se alcanzara el quórum en su gabinete.
Desde el pasado 14 de diciembre, Ha sido suspendido tras una votación en la Asamblea Nacional que aprobó su impeachment con 204 votos a favor y 85 en contra. Sin embargo, el presidente ha declarado su intención de “luchar hasta el último momento”, insistiendo en que nunca buscó alterar el “orden constitucional”.
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