República Dominicana.–Todo proceso en justicia necesita de una cosa que se llama credibilidad y el caso Stephora Josep no la tiene.Primero se hicieron los locos las autoridades y el colegio. Una fiscal se negó a recibir la querella de la familia en un caso inusitado.
Se necesitaron 22 días y mucha presión mediática para que las autoridades actuaran.
En la medida de coerción no se incluyó a la institución que organizó la actividad y que contractualmente asumió la seguridad de los estudiantes.

Y ahora se confirma que falta uno de los videos que entregó el centro donde se produjo la tragedia.
El Ministerio Público recibió de manera voluntaria un DVR con grabaciones de 22 cámaras de la hacienda Los Caballos dos horas antes del levantamiento del cadáver de Stephora, pero solo se extrajeron tres videos.
Aunque el acta indicaba la existencia de un tercer archivo, este desapareció y la familia solo recibió dos fragmentos. A pesar de que el DVR era evidencia, fue devuelto a la hacienda antes de concluir la investigación, lo que genera dudas.
La familia se queja de la fiscal Cristina Ramírez por negligencia: no quiso recibir la denuncia inicial y no es la primera vez, Según otros casos previos como el tiroteo de la Barranquita en que la familia del peluquero de Vladi Valerio denunció también manejó indebidamente videos que nunca aparecieron
Pese a estas denuncias, no se han tomado medidas disciplinarias contra la referida fiscal que quizás no las amerite pero no ayuda a la credibilidad del MP.
Mientras tanto, la procuradora Olga Diná Llaverías informó que el Ministerio Público apelará la decisión del tribunal sobre los cuatro imputados en la muerte de Stephora. En lo personal tengo un prejuicio contra la magistrada Diná desde su desafortunada participación en el caso Yuniol Ramirez. En su caso tengo que tocar madera.
Hay que recordar que para mover al MP de Santiago en este caso la familia tuvo que acudir a la procuradora.
La familia de Stephora llevará una demanda que no sé si será civil pero es probable que este caso se convierta en un juicio a las actuaciones del ministerio público mas que a los imputados.