Nuria: La niña descuidada que el sistema no pudo salvar
Una menor de apenas 7 años dejó de vivir luego de ser sometida a torturas y maltratos físicos constantes en el sector Los Guandules, Santo Domingo, en República Dominicana.
Este caso evidencia no solo la crudeza del maltrato a los pequeños desde los primeros años de vida, sino también las fallas de un sistema de protección que no detectó ni detuvo a tiempo los actos que terminaron con su existencia.
En abril, Yokeiry Coronado, de 33 años, se trasladó a Yamasá y solicitó a su sobrina Estefani Morla Coronado, de 21 años y madre de tres hijos, la custodia de su primogénita de 7 años, para vivir con ella y su esposo, Jeider Montero Medina, de 36 años, con la promesa de ofrecerle una mejor calidad de vida. Estefani accedió, y la menor se mudó con ellos a Los Guandules, donde comenzó a vivir un verdadero infierno.
“Ella no puede tener ni hijos, y ella, como era su sobrina y la madre tenía más niños para tenerla, darle una buena educación, para ponerla en la escuela”, comentó Alejandrina sobre Yokeiry.
La niña carecía de acta de nacimiento, lo que evidencia una omisión desde su nacimiento que le negó derechos fundamentales como la identidad y la educación, ya que tampoco estaba inscrita en la escuela. La abogada penalista María del Pilar Zuleta explicó que la madre también es víctima de un hecho penalizado en el país, al haber sido menor de edad al concebir a su hija.
Vecinos y familiares relataron que los primeros tres meses con Yokeiry transcurrieron con normalidad. “Subía al mercadito, le compraba ropa, le hacía ganchito, la peinaba todos los días… cada vez que yo la veía con un peinado diferente, bien linda, bien linda la tenía”, dijo Alejandrina. Durante ese tiempo, la madre mantenía comunicación con la menor mediante videollamadas de WhatsApp.
Con el paso del tiempo, la situación cambió. Yokeiry comenzó a impedir que la madre verificara el estado de la niña, alegando que dormía. Vecinos reportaron que la menor era aislada, castigada y mantenida en condiciones que impedían su libre interacción. “Ella la encerró, no la dejaba ver a nadie… siempre se mantuvo con esa puerta entre semicerrada”, señaló Anita Manzueta.
Testimonios de familiares muestran que la niña presentaba heridas y quemaduras que eran explicadas con versiones inconsistentes. “Tenía una quemada en la cara… primero era un aruñón… después tropezó con el perro… después se cayó de la cama”, indicó Natividad Rodríguez. Alejandrina añadió: “Le vi una marquita como cuando le dan con una vara. Yo nunca me imaginé que era un maltrato así”.
El 24 de julio, Alejandrina denunció la situación ante una empleada del Inaipi. La respuesta fue que la niña no pertenecía a ese núcleo, incumpliendo protocolos establecidos para la protección infantil. La abogada Zuleta indicó que los funcionarios del Estado deben comunicar a las autoridades correspondientes cualquier situación de riesgo.
Según el testimonio de Jeider Montero, Yokeiry sometía a la menor a castigos físicos severos, incluyendo amarrarla con sogas y cadenas, mantenerla de rodillas durante largos periodos y golpearla por problemas con sus necesidades fisiológicas. El esposo documentó en su celular fotografías que más tarde se convertirían en evidencia.
La psicóloga Rafaela Burgos explicó: “Si había una situación emocional que provocaba regresión en el control de esfínteres, habría que ayudarla, no pegarle, no maltratarla”. Vecinos indicaron que los gritos eran esporádicos, siendo uno de los episodios cuando la pequeñita sufrió quemaduras en las manos.
A mediados de agosto, la menor comenzó a presentar malestar, dolor de cabeza y convulsiones, situación que Yokeiry ignoró hasta que llamó a familiares. Alejandrina relató que la niña estaba inconsciente y que, pese a intentar primeros auxilios, constató la ausencia de signos vitales. La unidad del 911 confirmó que la niña ya no tenía existencia, y posteriormente, el Inacif certificó múltiples golpes, quemaduras y laceraciones, señalando síndrome del niño maltratado.
Yokeiry inicialmente atribuyó los golpes a una caída, pero sus versiones fueron inconsistentes con los hallazgos forenses, lo que derivó en su arresto junto a su esposo. Familiares sostienen que Jeider tuvo igual o mayor responsabilidad. Natividad Rodríguez señaló que el esposo compró hielo para el cuerpo de la menor, ocultando su estado durante días, lo que evidencia desprecio por la vida de la niña.
La madre de la menor, Estefani, apareció después del hecho solicitando justicia, reconociendo que confiaba en su tía. El acta preliminar del Inacif estableció que la causa de la pérdida de la niña fue maltrato infantil, presentando golpes, quemaduras y laceraciones, con la cabeza afeitada al momento del hallazgo. Se espera la autopsia en tres meses para detallar las circunstancias y la duración de su estado sin existencia.
El cuerpo fue sepultado en Yamasá, Monte Plata. Según la abogada Zuleta, la responsabilidad recae en la comunidad y el Estado por fallar en la protección de la menor. Los esposos Yokeiry y Jeider cumplen tres meses de prisión preventiva, mientras que especialistas indican que el proceso debe esclarecer todas las responsabilidades y servir de prevención para evitar que otros menores sufran destinos similares.
Rafaela Burgos enfatizó la necesidad de acercar la salud mental a la comunidad, capacitando a personas para identificar riesgos y denunciar, así como intervenir cuando se detecten señales de maltrato. Según Unicef, uno de cada cinco niños dominicanos sufre violencia como forma de disciplina, reflejando la gravedad de este caso y la importancia de actuar ante cualquier sospecha de maltrato infantil.
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