Olivo Rodríguez Huertas advierte: “El nuevo Código Penal es una agresión legislativa contra la dignidad de las mujeres”

Santo Domingo, – A pocos días de la conclusión de la legislatura extraordinaria, el abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas lanzó una advertencia contundente: la versión del Código Penal que el Congreso Nacional se propone aprobar antes del 5 de agosto constituye, en su esencia, una agresión legislativa directa contra la dignidad humana, especialmente la de las mujeres.

En su participación en el programa El Día, Rodríguez Huertas no dejó dudas: lo que se discute no es una simple reforma jurídica, sino un retroceso político y moral que busca imponer dogmas sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.

Para el jurista, exembajador de la República Dominicana ante el Reino de España, el Congreso ha aprovechado el cierre del ciclo legislativo para intentar imponer una normativa profundamente regresiva, cargada de elementos que desvirtúan el espíritu constitucional.

“Hay una cultura política de esperar el final del período para intentar sacar los proyectos más conflictivos, los más controversiales, porque así vencen la resistencia con menos exposición pública y menor debate”, afirmó.

Rodríguez Huertas advirtió que el nuevo Código Penal responde a una agenda marcada por el pensamiento conservador, machista y confesional, que no solo vulnera los principios jurídicos fundamentales, sino que también representa una amenaza para el sistema democrático dominicano.

“Están utilizando las condiciones jurídicas y políticas del Congreso para empujar una visión que mezcla religión con derecho penal, algo totalmente incompatible con la Constitución”, declaró.

Uno de los ejes más alarmantes de la propuesta, según Rodríguez Huertas, es la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo, una omisión que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.

“El Código Penal, tal como está, criminaliza a las mujeres incluso en los casos más extremos: cuando el embarazo es inviable, cuando pone en riesgo la vida de la madre o cuando es producto de una violación. Esta no es solo una omisión legislativa, es una agresión institucional”, enfatizó.

El jurista explicó que la falta de claridad en la legislación genera un entorno de inseguridad jurídica para los profesionales de la salud, que enfrentarán decisiones médicas bajo el temor constante de ser penalizados.

“Si no existe un régimen jurídico claro y específico, ese médico que tenga que salvar la vida de una mujer va a pensarlo dos veces antes de actuar. ¿Y si va preso? ¿Y si lo acusan por homicidio? Estamos obligando a los médicos a decidir entre salvar una vida o arriesgar la suya”, subrayó.

Rodríguez Huertas citó varios artículos de la Constitución dominicana para respaldar sus planteamientos, recordando que el texto constitucional no solo garantiza la dignidad humana, sino que establece la responsabilidad del Estado de proteger los derechos fundamentales.