Piden declarar complejo caso de joven afectada en Santiago

El Ministerio Público presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra seis personas implicadas en un hecho ocurrido en Villa González, donde resultó afectada una joven de 21 años.

En el mismo documento, las autoridades pidieron autorización judicial para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) identifiquen el IP y el origen de la primera difusión de los audiovisuales relacionados con el caso.

Según la instancia, los imputados José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere) fueron apresados y puestos a disposición del tribunal, mientras que otra persona se mantiene bajo persecución.

El expediente señala que los hechos tuvieron lugar en una residencia de la comunidad La Javilla, en Villa González, luego de que la víctima fuera llevada bajo engaño.

El documento precisa que la joven, al sentirse indispuesta en un establecimiento comercial de Palmar Abajo, fue abordada por dos de los acusados, quienes se ofrecieron a trasladarla a un centro de salud, pero en lugar de hacerlo la llevaron hasta la vivienda donde se produjo la agresión.

La Fiscalía de Santiago informó que además investiga a quienes acompañaban a la víctima en el negocio donde se originó el traslado, con el fin de establecer si tuvieron algún nivel de participación o conocimiento previo de lo ocurrido.

Los cargos presentados incluyen violaciones a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como infracciones a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan delitos como asociación de malhechores, violencia agravada, agresión sexual, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos.

El Ministerio Público solicitó que se imponga prisión preventiva como medida de coerción contra los procesados y que el caso sea declarado de tramitación compleja, para garantizar el desarrollo de una investigación exhaustiva.