Israel pidió a un tribunal el jueves que revoque la ciudadanía de dos hombres condenados por delitos de terrorismo, en lo que parece ser la primera prueba de una ley que permite la deportación de ciudadanos palestinos condenados por ciertos delitos violentos.
Los documentos judiciales presentados por el primer ministro Benjamin Netanyahu el jueves argumentan que la gravedad de los crímenes, junto con los pagos que los culpables supuestamente recibieron de un fondo de la Autoridad Palestina , justifican la revocación de la ciudadanía y la expulsión de los individuos condenados por ataques violentos.
Aproximadamente uno de cada cinco ciudadanos israelíes es palestino. Cuando se aprobó la ley, los críticos afirmaron que era un ejemplo de cómo el sistema legal israelí trata a los ciudadanos judíos y palestinos de forma diferente. Grupos de derechos humanos argumentaron que basar una ley de deportación en pagos de la Autoridad Palestina limitaba su aplicación por motivos de raza y excluía a los israelíes judíos —incluidos los colonos condenados por ataques contra palestinos— de la amenaza de revocación de su ciudadanía.
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Netanyahu ha argumentado durante mucho tiempo que el fondo en cuestión recompensa la violencia , incluidos los ataques contra civiles. Sin embargo, las autoridades palestinas lo han defendido como una red de seguridad para la amplia representación de la sociedad con familiares detenidos en Israel. Han desestimado el enfoque de Netanyahu en la proporción relativamente pequeña de beneficiarios involucrados en tales ataques.Historias relacionadas
La ley de revocación de ciudadanía enfrenta su primera prueba
En un comunicado esta semana, Netanyahu afirmó que se iniciaron procedimientos contra dos hombres y que se están tramitando más casos similares. Uno de los documentos judiciales consultados por The Associated Press detalla la solicitud contra Mohamad Hamad, quien, según la solicitud del estado, fue condenado por “delitos que constituyen un acto de terrorismo y por recibir fondos en relación con el terrorismo”.
Se alega que Hamad, ciudadano de 48 años de Jerusalén Oriental, recibió un pago tras ser sentenciado en 2002 por cargos que incluían tiroteos y tráfico de armas. Cumplió más de dos décadas de prisión antes de ser liberado.
La ley de 2023 se aplica a los ciudadanos o residentes permanentes condenados por “cometer un acto que constituya una violación de la lealtad al Estado de Israel”, incluido el terrorismo.
Hassan Jabareen, director general del centro jurídico israelí Adalah, calificó las medidas tomadas esta semana para aplicarla como “una cínica maniobra propagandística” de Netanyahu. Aseguró que revocar la ciudadanía viola los principios más básicos del Estado de derecho, incluso al actuar contra personas que cumplieron condenas de prisión.
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“El gobierno israelí está intentando despojar a los individuos de la base misma mediante la cual se protegen todos los derechos: su nacionalidad”, dijo el jueves.
Si el tribunal sigue adelante, Israel se convertiría en uno de los pocos países, incluido Baréin , en revocar la ciudadanía a personas nacidas con dicha condición en su país. Países como el Reino Unido y Francia han despojado de su ciudadanía a ciudadanos con doble nacionalidad o naturalizados por condenas por terrorismo, pero las convenciones internacionales generalmente prohíben a los Estados retirar la nacionalidad a alguien si esto lo convierte en apátrida.
Israel sostiene que los pagos de la Autoridad Palestina crean un vínculo suficiente para justificar la revocación de la ciudadanía y la deportación de esos ciudadanos a Cisjordania o Gaza.
