La reciente desestimación de la demanda federal presentada por la Administración Trump contra la Protect Our Courts Act y dos órdenes ejecutivas de Nueva York representa un triunfo significativo para los defensores públicos, organizaciones legales y grupos comunitarios que llevan años luchando por la seguridad y los derechos de los inmigrantes en el estado.
La acción judicial del gobierno federal buscaba invalidar leyes y políticas que limitan las detenciones civiles de inmigración en tribunales y edificios estatales, así como restringir la cooperación entre empleados estatales y autoridades federales. Sin embargo, el tribunal rechazó estos intentos, reafirmando la autoridad de Nueva York para gobernar sus propias instituciones y garantizar un acceso igualitario a la justicia para todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.
Protecciones creadas ante un clima de miedo
POCA y las órdenes ejecutivas 170 y 170.1 fueron aprobadas en respuesta directa a las prácticas agresivas de ICE durante la primera administración Trump. En esos años, agentes federales realizaron detenciones dentro y alrededor de los tribunales estatales, generando un clima de terror que impidió a miles de neoyorquinos acudir a audiencias, reportar delitos o acceder a servicios esenciales.
Meghna Philip, Directora de la Unidad de Litigios Especiales de The Legal Aid Society, celebró la decisión señalando que la corte “reafirma el deber constitucional de Nueva York de garantizar igualdad de acceso a la justicia y los servicios estatales para todos los residentes”.
Añadió que el fallo constituye un rechazo contundente a los intentos de la Administración Trump de castigar a las llamadas “jurisdicciones santuario”. Natalia Aristizabal, Subdirectora de Make the Road New York, calificó la decisión como “una victoria crítica”, subrayando que ningún neoyorquino debería arriesgar ser detenido o separado de su familia por simplemente acudir a un tribunal o agencia estatal. Reiteró además la necesidad de aprobar la iniciativa New York for All, que ampliaría estas protecciones a escuelas, hospitales y otros espacios públicos.
Los tribunales no son trampas
Otras organizaciones coincidieron en que usar los tribunales como puntos de captura viola principios básicos de justicia. Yasmine Farhang, Directora Ejecutiva del Immigrant Defense Project, recordó que las prácticas de ICE “socavaron el debido proceso, instilaron miedo y dañaron a familias enteras”. La desestimación, dijo, envía un mensaje claro: estas tácticas no serán toleradas.
Rosa Cohen-Cruz, de The Bronx Defenders, enfatizó que aunque continúan ocurriendo detenciones en 26 Federal Plaza, la decisión judicial reafirma un principio fundamental: todos merecen accesos seguros al sistema legal.
Un paso decisivo hacia la seguridad comunitaria
LatinoJustice PRLDEF destacó el impacto específico en víctimas de delitos, quienes en el pasado evitaron acudir a los tribunales por temor a ser arrestadas. “Proteger a las víctimas es esencial para un sistema judicial funcional”, señaló Rex Chen de la organización.
Por su parte, Brooklyn Defender Services subrayó que POCA garantiza el privilegio histórico contra arrestos civiles dentro de los tribunales, mientras que Sanctuary for Families recordó que estas protecciones son vitales para que sobrevivientes de violencia puedan buscar justicia sin miedo.
Un precedente para el futuro
El fallo llega en un momento en que, según organizaciones legales, ICE ha retomado operaciones agresivas en 2025, incluyendo vigilancia en instalaciones estatales y alrededor de juzgados. La decisión judicial establece un precedente claro: las políticas de protección implementadas por Nueva York son legales, necesarias y fundamentales para la seguridad pública.
En su conjunto, los grupos que celebraron la decisión representan a cientos de miles de neoyorquinos de bajos ingresos, muchos de ellos inmigrantes. Su mensaje es unánime: cuando Nueva York defiende los derechos de sus comunidades, toda la ciudad gana.
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