La Ciudad de Nueva York anuncia un plan de acción para garantizar el acceso continuo al transporte para los estudiantes de las escuelas públicas, en caso de una posible interrupción a principios de noviembre del servicio de autobuses escolares, debido a que algunas compañías que sirven a centenares de rutas, podrían despedir a todos sus conductores.
Detrás de esta posibilidad hay una gran disputa que se centra en la renovación de los contratos de este servicio, que data de los años 70 y se renuevan cada cinco años. El último venció en junio.
La alternativa que está sobre la mesa, es que todas las familias afectadas podrían recibir tarjetas OMNY gratuitas para los estudiantes y un representante, que les brindarán acceso inmediato al transporte público. Estas tarjetas serán distribuidas por cada escuela.
Adicionalmente, algunas familias afectadas podrán acceder a opciones de viajes compartidos prepagados y reembolso de gastos de movilización, incluyendo los estudiantes bajo el Programa de Educación Individualizada (PEI) o un Plan de Adaptación 504.
En esta lista también se encuentran los estudiantes en alojamiento temporal o en hogares de acogida y estudiantes con excepciones de transporte aprobadas, incluyendo a 68,000 alumnos con discapacidades.
19,000 rutas
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York actualizarán e informarán sobre las novedades y el ‘plan B’ en caso de la interrupción del servicio.
“Si bien no hemos recibido ninguna notificación formal de las empresas de autobuses, estamos trabajando de forma proactiva para asegurar que haya servicios de transporte alternativos, en caso de que sean necesarios”, informó la canciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Melissa Aviles-Ramos.
Este episodio es el más reciente de una larga historia de conflictos del sistema de autobuses escolares, que depende de una red de empresas en su mayoría con fines de lucro, para transportar a unos 150,000 estudiantes a través de casi 19,000 rutas diarias.
Un grupo de empresas están exigiendo nuevos beneficios contractuales, de lo contrario amenazan con despedir en las próximas semanas a 12,000 trabajadores sindicalizados.
De acuerdo con el conflicto planteado, se necesitan nuevos compromisos financieros para poder sufragar los costes de adquisición y mantenimiento de nuevas flotas de autobuses eléctricos, tal y como exigen las leyes estatales sobre el clima.
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