Este lunes mientras concejales de la Ciudad de Nueva York discutían legislaciones locales para reforzar el carácter de ciudad santuario de la Gran Manzana, se abrió otro frente en contra de la maquinaria de deportaciones masivas: congresistas neoyorquinos presentaron la Ley de Protección del Debido Proceso de Inmigración.
Esta iniciativa busca proteger a los inmigrantes que buscan vías legales para migrar a Estados Unidos, asisten puntualmente a sus comparecencias judiciales y terminan siendo objeto de arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
La legislación que deberá pasar la prueba de la mayoría republicana en el Congreso, prohibiría a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), arrestar o detener a una persona que se encuentre físicamente presente en las instalaciones de un tribunal de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto en virtud de una orden judicial.
Si esta ley pasa, estas protecciones se extenderían a las personas cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación.
Esta norma legal está siendo impulsada por los representantes Adriano Espaillat (NY-13), Dan Goldman (NY-10), Nydia Velazquez (NY-7) y el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García (CA-42), quienes realizaron una visita a algunas salas del edificio Federal Plaza en el Bajo Manhattan, en donde se concentran gran parte de las cortes migratorias de la ciudad.
“El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin esto, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se desmoronan”, declaró el congresista dominicano Adriano Espaillat.
Precisamente, esta legislación evitaría lo que se ha registrado este año de forma ascendente en el edificio Federal Plaza. Allí agentes federales han detenido a inmigrantes no violentos y no criminales, inmediatamente después de sus comparecencias obligatorias ante el tribunal. En muchos casos, incluso mientras sus casos siguen activos.
Protección fundamental
La Ley de Protección del Debido Proceso de Inmigración implementaría medidas de seguridad para proteger a los inmigrantes que buscan vías legales y asisten a sus audiencias obligatorias en los tribunales de inmigración.
Estas tácticas en las cortes de migración han terminado en el arresto de personas sin antecedentes penales, incluyendo solicitantes de asilo, estudiantes y personas en libertad condicional que ingresaron legalmente al país.
Como destacaron los legisladores en un comunicado: “al anular las solicitudes de asilo pendientes y someterlas inmediatamente a un proceso de deportación acelerada, el DHS está eludiendo el debido proceso, impidiendo el acceso a un abogado y acelerando las deportaciones de quienes, de otro modo, seguirían los procedimientos legales”.
Según el proyecto de ley, cualquier arresto durante los registros en este tipo de instalaciones, requerirá una autorización escrita de un funcionario supervisor superior, que cite la base legal del arresto y deberá informarse al Inspector General del DHS, en un plazo de 30 días.
Además, requiere que la Oficina del Inspector General presente un informe al Congreso sobre el cumplimiento de esta legislación por parte del Departamento de Seguridad Nacional, dicho informe incluirá información sobre el número de arrestos e intentos de arresto realizados, el fundamento de dichos arrestos, así como las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento y cualquier orientación o capacitación brindada a los empleados del DHS.
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