El senador estatal de Nueva York, Andrew Gounardes, presentó este lunes una legislación que exigiría obtener la autorización del gobernador, antes de desplegar tropas de la Guardia Nacional de otras localidades en el estado.
La propuesta surge tras las crecientes amenazas del presidente Trump de utilizar componentes militares en estados que no colaboren con su agenda de deportaciones masivas. Y precisamente Nueva York ya está en el mapa de las localidades, en donde se podrían cristalizar acciones de este tipo.
“Es profundamente triste que tengamos que tomar medidas, para proteger a los neoyorquinos de una posible invasión militar, por parte de compatriotas estadounidenses. Este es el lugar oscuro al que Trump nos ha llevado”, dijo el senador de Brooklyn.
El proyecto de ley establecería un requisito legal claro, para que se obtenga el consentimiento previo y afirmativo del gobernador de Nueva York, antes de desplegar tropas de la Guardia Nacional. A su criterio esto protegería a los residentes y reafirmaría el rol constitucional del gobernador como comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.
Si se aprueba esta norma se adoptaría la medida de exigir proactivamente que otros estados obtengan la autorización del Ejecutivo del Estado de Nueva York, antes de desplegar sus tropas.
En caso de que otro estado viole esta ley, el Fiscal General del Estado de Nueva York tendría motivos para solicitar una medida cautelar.
Gounardes argumenta que se trata de una manera sensata de garantizar la seguridad pública, prevenir conflictos interestatales y salvaguardar las libertades civiles en una era que calificó como de “autocracia y violencia política”.
En contraste, congresistas republicanos impulsan un anteproyecto para que se permita más ampliamente al Presidente, actuar con la Guardia Nacional, para aplicar específicamente las leyes migratorias.
Ya en semanas anteriores, ante la certeza de que en los próximos días la Casa Blanca podría ordenar un despliegue militar en Nueva York, una coalición de organizaciones comunitarias, sindicales y de defensa, además de líderes electos, religiosos y organizaciones sindicales conformaron el movimiento ‘Manos Fuera de NYC’, el cual estructura no sólo una plataforma de “resistencia no violenta”, en caso de que se concrete el anuncio del mandatario nacional. Sino que se convierte en una acción para apoyar a las ciudades que enfrentan esta estrategia federal.
“Ningún gobernador, ni presidente debería permitir que las fuerzas armadas se vuelvan contra civiles para promover una agenda política. Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados. El proyecto de ley del senador Gounardes, envía un mensaje claro: en Nueva York no toleraremos el autoritarismo y protegeremos a nuestras comunidades en todo momento”, consideraron Rebecca Garrard y Carolyn Martinez-Class, co directoras ejecutivas de Acción Ciudadana de Nueva York.
Los antecedentes
Si bien los estados no pueden prohibir legislativamente al presidente tomar medidas, como enviar contingentes de la Guardia Nacional a ciudades específicas, pueden demandar bajo la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas federales para la aplicación de la ley tradicional y no militar.
El antecedente más claro, es que California utilizó este enfoque para obtener una victoria legal temprana cuando el presidente Trump desplegó tropas en Los Ángeles para enfrentar las protestas el pasado verano.
La administración Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en ciudades como Washington D.C, Chicago y Portland para reforzar la aplicación de leyes migratorias y combatir zonas que considera de “caos” criminal, especialmente aquellas en las cuales se realizan protestas en contra las acciones del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE).
“En la medida en que las protestas o los actos de violencia, inhiben directamente la ejecución de las leyes, constituyen una forma de rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos, convoco a los miembros del servicio federal y a las unidades de la Guardia Nacional, para proteger temporalmente al personal de ICE y a otros funcionarios que desempeñan funciones federales”, justificó el presidente en un comunicado.
Esta estrategia ha enfrentado desafíos legales significativos. Por ejemplo, en Portland, un juez federal bloqueó el uso de la Guardia Nacional, argumentando que no existía una base legal para tal acción
En contraste: Ley Guard
Ya desde el pasado mes de junio, congresistas republicanos proponen exactamente lo contrario de los legisladores neoyorquinos: codificar a través de la Ley de Protección de la Autoridad de Deportación y Detención (Ley GUARD), la autoridad del presidente para desplegar unidades militares en la aplicación de las leyes migratorias y endurecer las penas para quienes agredan a los agentes de ICE.
El proyecto de ley, presentado por el representante Pat Harrigan, republicano por Carolina del Norte, permitiría al presidente federalizar y desplegar la Guardia Nacional, cuando los estados se nieguen a cooperar. También estipula que quienes agredan a los agentes de inmigración recibirán la pena de muerte o cadena perpetua, si un agente muere.
“Las políticas de santuario han convertido ciudades enteras en refugios para delincuentes violentos. Ahora tenemos gobernadores que bloquean el despliegue de la Guardia Nacional que ayudaría a proteger a nuestras comunidades. Es peligroso, irresponsable y, precisamente por eso, se necesita este proyecto de ley. El gobierno federal tiene el deber de actuar cuando los estados se niegan a hacer su trabajo”, declaró Harrigan.
Según la legislación actual, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de fuerzas militares federales para fines de aplicación de la ley nacional. Sin embargo, la Ley GUARD propone una excepción específica que permite se utilice “exclusivamente” para aplicar la ley federal de inmigración.
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