Abogado Félix Portes acusa al Estado de dar la espalda a las víctimas del Jet Set.

SANTO DOMINGO.-El abogado penalista Félix Portes afirmó que el Estado dominicano ha fallado en su responsabilidad de proteger y asistir a las víctimas de la tragedia del Jet Set, al tiempo que cuestionó la falta de acciones concretas en favor de los afectados y sus familias.

El jurista, quien representa a más de 30 víctimas, sostuvo que, además de la responsabilidad penal y civil de los propietarios del establecimiento, existe una clara responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de supervisión y fiscalización.

Portes explicó que el proceso judicial contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat se encuentra actualmente en la etapa preliminar, una fase en la que el juez no determina culpabilidad, sino que define aspectos clave como las partes involucradas, las pruebas que serán admitidas, la calificación jurídica del caso y las medidas de coerción.

En ese sentido, valoró como positivos algunos pasos del Ministerio Público, como la presentación de la acusación dentro del plazo y la realización de un peritaje de forma expedita. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la calificación jurídica planteada por el órgano acusador.

El jurista indicó que el Ministerio Público ha tipificado el caso como homicidio involuntario, lo que implicaría una pena menor. No obstante, explicó que un grupo de querellantes, incluido su equipo, sostiene que existen elementos para considerar un homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual.

Según detalló, esta figura aplica cuando los responsables conocían el riesgo, recibieron advertencias y aun así decidieron continuar con su conducta, lo que podría elevar significativamente la pena en caso de una eventual condena.

Asimismo, explicó que en esta etapa el juez también decidirá si el caso tiene méritos suficientes para ir a juicio y si se mantienen, agravan o modifican las medidas de coerción impuestas a los imputados.

Portes también abordó el tema del contraperitaje solicitado por la defensa. Señaló que se trata de un derecho legítimo dentro del principio de igualdad de armas. No obstante, reconoció fallas en la gestión inicial del Ministerio Público. Indicó que no permitió la participación oportuna de los imputados en ese proceso.