Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho informó que el Ministerio Público apelará el “no ha lugar” en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados, ya que según su juicio «el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas«.
No obstante el titular de la Dirección General de Persecución, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Considera que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
“El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.
A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
“En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy, hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
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Una nota de la Procuraduría General de la República da cuenta que la jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas para que se declarara la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba. El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.
Por lo que al analizar estos hechos, Camacho señaló que “es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar. Yo creo que se hace necesario repetir, que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.
Asimismo, agregó “eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofertó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio y están enviados a juicio”.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.
El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
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