CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia, dice Finjus.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, concluyó su período de siete años el pasado sábado, lo que obliga al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Luis Abinader, a decidir sobre su posible reelección o la designación de un nuevo titular. Este proceso también incluye la evaluación de otros diez magistrados de la SCJ, un procedimiento que se realiza desde 1997 en la República Dominicana.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha expresado su preocupación, señalando que el CNM carece de la capacidad técnica necesaria para evaluar a los jueces de las altas cortes. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, atribuye esta limitación a la composición mayoritariamente política del consejo. Ante esta situación, Finjus propone una reforma constitucional para establecer períodos fijos de siete años para los jueces de la SCJ, sin posibilidad de reelección, eliminando así la necesidad de evaluaciones de desempeño.

A pesar de las críticas al proceso, Castaños Guzmán valoró positivamente la gestión de Molina, destacando su «excelente desempeño» y la dignificación del Poder Judicial, equiparándolo a estándares regionales. Por su parte, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del CNM, aseguró que la intención del consejo es nombrar a personas calificadas, priorizando el mérito sobre el criterio político. Pacheco adelantó que la convocatoria del CNM se realizará «dentro de muy poco tiempo», aunque el presidente Abinader aún no la ha oficializado.

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, un senador de la segunda mayoría, un legislador de la principal oposición, el presidente de la SCJ y un magistrado de su pleno, y el presidente del Tribunal Constitucional. Para ser juez de la SCJ, la Constitución exige ser licenciado o doctor en Derecho y contar con al menos doce años de experiencia profesional como abogado, docente universitario de derecho, juez o representante del Ministerio Público.