Santo Domingo.– Bajo la consigna “Queremos justicia para la justicia”, jueces y empleados del Poder Judicial iniciaron este jueves una jornada de protesta en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, en una huelga considerada poco común dentro del sistema judicial dominicano.
La jornada, de 24 horas, provocó la suspensión masiva de audiencias en distintas jurisdicciones del país, lo que incrementará el volumen de procesos pendientes y ralentizará el funcionamiento del sistema judicial.
Durante la protesta, los magistrados leyeron un manifiesto en el que exigieron condiciones que permitan ofrecer un servicio “oportuno, eficiente e imparcial”, además de respeto a la dignidad de quienes integran el sistema de justicia.
En el documento, los jueces denunciaron múltiples carencias estructurales, entre ellas falta de personal, déficit de jueces, baja remuneración salarial, sobrecarga de trabajo, renuncias del personal administrativo, deterioro de la infraestructura y problemas de seguridad en tribunales y palacios de justicia.
“La realidad actual que nos golpea está bordeada de múltiples males: falta de personal, falta de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncias masivas del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país”, expresa el manifiesto.
Los magistrados advirtieron que la falta de recursos humanos ha provocado una sobrecarga significativa, donde un servidor judicial asume labores de varios empleados, y un solo juez debe cubrir el trabajo de múltiples jueces.
También criticaron las diferencias salariales dentro del sistema, señalando que algunos empleados administrativos perciben ingresos superiores a los de jueces, además de beneficios no vinculados al desempeño.
“La realidad dista mucho de la que se vive en las esferas de dirección del Poder Judicial, donde secretarios y empleados administrativos devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza”, señala el documento.
La protesta cuenta con el respaldo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) y del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que expresaron su apoyo a las demandas del sector judicial.
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