Santo Domingo, R.D. – La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) expresó su preocupación ante la intención de reducir nuevamente la asignación presupuestaria destinada al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que esta medida representa un retroceso para el fortalecimiento democrático y la estabilidad institucional del sistema electoral dominicano.

El presidente de FUJUDEL, Pablo Vicente, sostuvo que el financiamiento público a las organizaciones políticas no constituye un privilegio, sino una garantía constitucional y legal orientada a promover la equidad en la competencia electoral, la transparencia en el uso de los recursos y el fortalecimiento de la democracia.

“Reducir de manera reiterada los recursos establecidos por la ley afecta la planificación institucional de los partidos y debilita las condiciones mínimas para una participación política equilibrada y transparente”, expresó Vicente.

FUJUDEL valoró el comunicado emitido por la Junta Central Electoral, en el cual el órgano electoral recuerda que la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en los años no electorales el financiamiento público debe corresponder al 0.25 % de los ingresos nacionales, mientras que el presupuesto aprobado para el año 2026 consignó apenas un 0.12 %, cifra inferior a lo dispuesto legalmente.

La entidad recordó que los partidos políticos son pilares esenciales del sistema democrático y que el artículo 216 de la Constitución reconoce su rol en la participación ciudadana, la representación política y la consolidación del Estado social y democrático de derecho.

No obstante, FUJUDEL enfatizó que el financiamiento público debe estar acompañado de mayores niveles de transparencia, controles efectivos y una estricta rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. En ese sentido, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de fiscalización del uso de los recursos públicos, garantizando informes financieros oportunos, accesibles y auditables para la ciudadanía.

“El financiamiento público y la rendición de cuentas son dos caras de una misma moneda. Así como el Estado debe cumplir con las obligaciones legales de asignación presupuestaria, los partidos políticos tienen el deber de administrar esos recursos con transparencia, eficiencia y apego a la ley”, afirmó Pablo Vicente.

FUJUDEL señaló además que fortalecer la supervisión financiera de los partidos contribuye a elevar la confianza ciudadana en el sistema político, prevenir prácticas irregulares y consolidar una cultura democrática basada en la integridad y la responsabilidad institucional.