Lo que para muchos parece una historia difícil de creer, para el ingeniero Pavel Rafael Valdez Márquez se ha convertido en una pesadilla financiera, judicial y familiar que se prolonga desde hace varios años.
El profesional asegura que ganó una licitación del Ministerio de Educación (MINERD) en el año 2012 para construir la entonces Escuela Básica Navarrete 3, hoy denominada Escuela Básica 27 de Febrero, ubicada en el barrio 27 de Febrero, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago.
Según su versión, cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, pero cuando la obra se encontraba avanzada en aproximadamente un 80 %, comenzaron los problemas que terminarían llevándolo a los tribunales y, según denuncia, a la quiebra económica.
Valdez Márquez sostiene que la escuela nunca fue concluida en su totalidad ni recibida formalmente por el Estado, aunque fue inaugurada durante el segundo mandato del expresidente Danilo Medina en 2018.
Afirma que dicha inauguración se realizó de manera virtual y que fueron utilizadas imágenes retocadas digitalmente para mostrar áreas de jardinería que aún no estaban terminadas.
Explica que la presión de los residentes de la comunidad provocó que el centro educativo comenzara a operar sin estar completamente concluido.
De acuerdo con sus declaraciones, quedaron pendientes trabajos importantes como la plaza cívica, áreas de jardinería y parte de la infraestructura destinada al comedor escolar.
El contrato cambió en medio del camino
El ingeniero relata que el contrato fue firmado en diciembre de 2012 y que los terrenos fueron entregados en noviembre de 2013 para iniciar los trabajos.
Durante aproximadamente un año, las cubicaciones fueron procesadas y pagadas sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, asegura que la situación cambió radicalmente durante el proceso político que desembocó en la modificación constitucional que permitió la repostulación presidencial de Danilo Medina.
«De manera repentina dejaron de pagar cubicaciones pendientes y comenzaron a modificar arbitrariamente los precios unitarios establecidos en el contrato», denunció.
Según explica, los precios originalmente pactados fueron reducidos de manera significativa, pese a que el propio contrato establecía que esos valores eran inalterables.
Alega además que no solo se modificaron los costos, sino también los volúmenes de obras ya ejecutadas y previamente reconocidas.
Amenazas y batalla judicial
Valdez Márquez asegura que, tras presentar sus reclamaciones, la relación con los supervisores de la obra se deterioró.
Sostiene que un ingeniero de apellido Reyes, encargado de la supervisión, dejó prácticamente de visitar el proyecto luego de las protestas presentadas por la empresa constructora.
Asimismo, afirma que posteriormente un fiscalizador del MINERD, identificado como un ingeniero de apellido Torres, habría amenazado con rescindir el contrato y cancelar su registro como proveedor del Estado.
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