Moca, provincia Espaillat.– El dirigente social Osvaldo Brito denunció que diversas comunidades de la parte baja de Moca continúan enfrentando el abandono de obras de gran importancia social, entre ellas la terminación de hospitales, proyectos de agua potable, mejoramiento de calles y la reducción de las tarifas eléctricas, demandas que, según afirmó, han sido reclamadas durante años por la población.
Brito manifestó que, pese a los constantes llamados realizados por los comunitarios, las autoridades no han ofrecido respuestas concretas a estas necesidades, situación que ha generado un creciente descontento entre los residentes de varias localidades de la provincia Espaillat.
El dirigente aseguró que, en lugar de atender las reivindicaciones planteadas por las organizaciones populares, la respuesta de las autoridades ha sido la represión y la supuesta criminalización de dirigentes comunitarios que participan en las jornadas de lucha y reclamo social en defensa de los derechos de sus comunidades.
Durante sus declaraciones, denunció que dirigentes como José Mercado, Mariano Martí y Juan Comprés han sido objeto de persecución y vigilancia, situación que calificó como un intento de intimidar a quienes encabezan las demandas sociales en la región.
Asimismo, responsabilizó al gobierno del presidente Luis Abinader de cualquier situación que pueda afectar la integridad de los dirigentes comunitarios, al tiempo que destacó que los miembros de las organizaciones populares son personas que actúan de manera pública, transparente y siempre han estado dispuestos a colaborar con las autoridades cuando les ha sido requerido.
Osvaldo Brito reiteró que las comunidades de Canca La Reina, El Higüerito, José Contreras, Juan López, Villa Trina y otras localidades cercanas mantienen firme su decisión de reclamar la terminación del hospital municipal, la reconstrucción de centros educativos, el mejoramiento de las vías de acceso y otras obras consideradas prioritarias para el desarrollo de la zona.
Finalmente, ratificó la convocatoria a huelga para los días 6 y 7 de julio, asegurando que las comunidades paralizarán sus actividades como medida de presión para exigir respuestas del Gobierno, al considerar que las demandas planteadas son justas y necesarias para mejorar las condiciones de vida de miles de familias de la provincia.
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