Teleférico de Puerto Plata: RD$1,280 millones bajo la lupa en un país con el bolsillo vacío.

Desde El Veedor Digital

Santo Domingo, 12 de abril. Mientras miles de familias dominicanas siguen haciendo malabares para comprar comida, pagar transporte y llenar el tanque, el Estado dominicano ha puesto sobre la mesa una licitación pública internacional por RD$1,280 millones para el diseño, fabricación, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha del sistema de transporte turístico por cable del Teleférico de Puerto Plata. La cifra no es un rumor ni una exageración de redes: aparece en la ficha del procedimiento URBE-CCC-LPI-2026-0001 contenida en el documento remitido a esta redacción. El expediente, además, indica que el proceso está en fase de presentación de ofertas, es decir, todavía no ha sido adjudicado ni ejecutado, pero ya compromete una decisión de alto impacto económico y político.

Lo primero que salta a la vista es que la ficha pública resumida del proceso concentra la contratación en un solo renglón por el monto total de RD$1,280,000,000, sin un desglose visible, en esa carátula, de cuánto costarán las cabinas, las obras civiles, el montaje electromecánico, la línea de abastecimiento eléctrico, la supervisión, la seguridad operacional o las adecuaciones complementarias. En otras palabras: la ciudadanía ve la cifra global, pero no encuentra en ese resumen una explicación peso por peso de cómo se construye ese monto. Y cuando se trata de recursos públicos, una cifra tan alta sin desglose claro en la ficha visible no fortalece la confianza: la debilita.

El propio documento también revela otro dato delicado: aunque el valor total del proceso es de RD$1,280 millones, la ficha muestra valor certificado de apropiación presupuestaria por RD$256 millones y una disponibilidad anual vigente por ese mismo monto. Es decir, en la información resumida visible, el monto total del proyecto quintuplica la apropiación certificada que aparece cargada en el expediente. La pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrá, con qué calendario y bajo qué programación presupuestaria, el resto del dinero? La ficha no lo explica en su resumen público.

Hay más. El expediente consignado en el PDF marca “¿SNIP? No”, deja sin desarrollo visible un calendario de pagos, e indica además que no habrá pago de anticipos. También lista documentos relevantes entre ellos Estudio Previo, Investigación de Mercado, Matriz de Riesgo, Informe Técnico, Listado de Partidas, Pliego de Condiciones, planos y anexos técnicos, pero esos documentos no estaban contenidos dentro del PDF que recibimos; solo aparecen referidos en el resumen del procedimiento. Eso significa que, con la documentación visible en esta revisión, sí puede verificarse el monto global y la existencia formal del proceso, pero no puede auditarse todavía el detalle técnico-financiero completo del precio.

El Gobierno, por su parte, ya ha fijado su narrativa. En una publicación oficial de URBE del 30 de marzo de 2026, el proyecto fue presentado como una rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata con una inversión de más de US$20 millones, financiada con fondos del Ministerio de Turismo (MITUR) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). La misma nota oficial afirma que el nuevo sistema estará listo en 18 meses, que cumplirá normas europeas de seguridad, que pasará de 18 a 50 pasajeros por unidad y que reduciría el tiempo de recorrido de 8 a 5 minutos. URBE también informó que el presidente derogaría el decreto 162-25, que ordenaba crear un fideicomiso para estos fines.

Es decir, el Gobierno no está vendiendo la obra como un capricho, sino como una apuesta al turismo, la seguridad y la modernización de una infraestructura emblemática inaugurada en 1975. Y hay un contexto que respalda parcialmente esa visión: la propia Presidencia reportó que el turismo dominicano recibió 1,184,902 visitantes en febrero de 2026, un crecimiento de más de 13 % interanual. Desde esa lógica oficial, intervenir uno de los íconos turísticos más conocidos de Puerto Plata puede tener sentido económico. Pero precisamente porque el argumento oficial se apoya en el interés nacional, la obligación de transparencia debe ser todavía mayor.

Porque una cosa es aceptar que una obra turística puede ser necesaria, y otra muy distinta es pedirle a la población que se conforme con una cifra global de RD$1,280 millones sin una explicación pública suficientemente granular. Más aún cuando el costo de vida sigue golpeando el hogar dominicano. El Banco Central informó que la inflación interanual a marzo de 2026 se ubicó en 4.63 %, mientras el MICM reporta para la semana del 11 al 17 de abril de 2026 una gasolina premium en RD$314.10 y una gasolina regular en RD$294.50 por galón. En ese escenario, cada multimillonaria decisión de gasto público tiene que ser defendida con datos exhaustivos, no con consignas.

Para aterrizar la magnitud del monto: RD$1,280 millones equivalen a aproximadamente 4.08 millones de galones de gasolina premium o 4.35 millones de galones de gasolina regular, usando los precios oficiales vigentes reportados por el MICM. Esa comparación no prueba por sí sola que la obra sea improcedente, pero sí ayuda a dimensionar el tamaño real del compromiso financiero que se pretende asumir.

Aquí está, entonces, el corazón del problema. La discusión no es solo si el Teleférico de Puerto Plata debe o no rehabilitarse. La discusión de fondo es otra: ¿se está explicando con suficiente transparencia por qué cuesta lo que cuesta, cómo se compone el precio, cuál fue la metodología de mercado utilizada, qué empresas podrían competir, qué indicadores técnicos justifican la inversión y cómo se cubrirá el faltante respecto a la apropiación visible? Hasta ahora, en la ficha pública resumida revisada, esas respuestas no aparecen de forma clara y concentrada.

Y eso abre una serie de preguntas que URBE, MITUR, IDAC y la DGCP deberían responder sin rodeos. ¿Dónde está el desglose completo de partidas? ¿Cuál fue la investigación de mercado que llevó a fijar el precio estimado en RD$1,280 millones? ¿Qué porción corresponde a obras civiles y cuál a equipamiento electromecánico? ¿Qué justifica que la ficha muestre apropiación certificada por RD$256 millones frente a un proceso total cinco veces mayor? ¿Por qué el resumen del expediente figura sin SNIP? ¿Cuál será la fuente de financiamiento anual del resto del proyecto? ¿Qué auditorías técnicas independientes acompañarán la ejecución?

En democracia, las grandes obras no se blindan con propaganda; se legitiman con documentación abierta, trazabilidad y escrutinio. El Teleférico de Puerto Plata puede ser una intervención necesaria, incluso estratégica. Pero si el Gobierno quiere convencer al país de que RD$1,280 millones es un costo razonable, entonces tiene que demostrarlo documento por documento, partida por partida y peso por peso. Lo contrario alimenta exactamente lo que una gestión seria debería evitar: la sospecha de que, mientras el ciudadano aprieta el cinturón, el Estado sigue gastando a ciegas o explicando a medias.