Las autoridades de Nueva York lanzaron un nuevo mensaje a quienes tengan la intención de formar parte de alguna telaraña que se apropie fraudulentamente de fondos de Medicare o Medicaid: si lo hacen tarde o temprano serán descubiertos.
Tras el último hallazgo de un inmenso caso de corrupción en Queens, en donde se encontraron pagos fraudulentos de Medicare y Medicaid por 120 millones de dólares, mediante sobornos y comisiones ilegales, así como la presentación de reclamaciones por servicios que nunca fueron prestados en el sistema de Cuidados Diurno Social para Adultos (SADC) el Contralor del Estado, Thomas P. DiNapoli, ratifica esta semana que el Estado de Nueva York tiene los esquemas más sofisticados de supervisión que permite rastrear este tipo de actividades, en donde los involucrados difícilmente pueden escapar del brazo de la justicia.
El hecho de que dos hombres de origen asiático estén tras las rejas, por ser presuntamente los responsables de esta subtrama de fraude, se derivó nuevamente de una auditoría de varias agencias estatales que permitió detectar las actividades irregulares.
“Detectamos un presunto fraude de algunos proveedores, y colaboramos con las autoridades federales para responsabilizarlos. Combatir el despilfarro y el abuso es prioritario. Seguiremos protegiendo estos programas, impulsando cambios y salvaguardando fondos públicos mediante auditorías, investigaciones y alianzas con las fuerzas del orden”, refirió DiNapoli.
Tras haberse destapado esta gran “olla de corrupción” el contralor estatal afina detalles para que los Departamentos de Salud encargados de supervisar los SADC, mejoren la supervisión de los servicios, incluyendo la ampliación de la documentación revisada durante las visitas a las instalaciones. Además, exige que se establezcan registros más claros para verificar que las personas reciban los servicios según lo descrito en sus planes de servicio.
Eso no es todo
Por otra parte, tras una rigurosa auditoría a varios centros detectó que, en tres de estos centros de cuidado para adultos, ubicados en Brooklyn, Queens y Freeport, se identificaron un total de $672,147 en reclamaciones a Medicaid que no estaban respaldadas por hojas de asistencia, ni por ninguna otra documentación válida que demostrara que los servicios realmente se habían prestado.
Los centros involucrados incluyen dos ubicaciones en Gravesend y Coney Island, en Brooklyn; uno en Flushing, Queens; y otro en Freeport.
La falta de registros adecuados de asistencia y soporte documental plantea serias preocupaciones sobre la validez de los servicios facturados y el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos para estos programas.
El desmantelamiento de esta operación que sustrajo millones de dólares a estos programas sociales, se produce precisamente cuando la Administración Trump realiza profundos cambios en los programas Medicare y Medicaid, bajo el argumento que son un escenario de fraude y corrupción.
En Nueva York, especialmente en la Gran Manzana, un SADC es un programa diseñado para adultos que tienen impedimentos funcionales o necesitan supervisión durante el día, pero que no requieren atención médica continua de un centro de salud.
“Este esfuerzo conjunto envía un mensaje claro de que nuestro gobierno está comprometido a eliminar a los malos actores, mientras garantiza la viabilidad y sostenibilidad de estos vitales programas de Medicaid y Medicare. Ratificamos que tenemos uno de los sistemas de supervisión e integridad de programas más sólidos de todo el país”, aseguró el Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. James McDonald.
El último fraude detectado en Queens
Según la acusación federal, el esquema recientemente desmantelado comenzaba con el pago de sobornos a beneficiarios de Medicare y Medicaid. Los detenidos dos hombres asiáticos que tenían sus actividades en Flushing, presuntamente entregaban dinero en efectivo y tarjetas de regalo a pacientes con el fin de atraerlos a su red de negocios.
El fraude aparentemente se llevó a cabo de forma continua entre 2016 y 2026.
El objetivo era que las personas llenaran sus recetas médicas en la farmacia propiedad de uno de los implicados y, además, se inscribieran y asistieran a sus centros de Cuidado Diurno Social para Adultos (SADC) que operaban como Royal Adult Daycare (Royal) y Happy Life Inc. (Happy Life)
Esta práctica es ilegal según la ley federal anti-kickback statute, que prohíbe ofrecer o pagar incentivos para inducir a pacientes de programas públicos de salud a usar servicios médicos o farmacéuticos específicos.
Una vez que los pacientes estaban inscritos en los centros o vinculados a la farmacia, el esquema presuntamente avanzaba hacia la facturación fraudulenta.
De acuerdo con los fiscales, se presentaban reclamaciones a Medicare y Medicaid por servicios que no se habían prestado, que no eran médicamente necesarios, o que se facturaban en exceso.
Esto incluía, por ejemplo, reportar más días de asistencia de los que realmente ocurrieron o declarar un número de participantes superior al que físicamente podía albergar el centro. En algunos casos, las autoridades alegan que se facturaba incluso por encima de la capacidad real permitida de las instalaciones.
En el área de farmacia, la acusación sostiene que también se inflaban y manipulaban recetas médicas. Se facturaban medicamentos a Medicare y Medicaid que, en ciertos casos, no eran necesarios, no se entregaban realmente al paciente, o se utilizaban simplemente como mecanismo para generar pagos adicionales del gobierno.
Esta práctica habría permitido aumentar significativamente los montos reclamados a los programas públicos.
La investigación señala que los acusados presuntamente coordinaban pagos y operaciones, como la distribución de dinero y la entrega de incentivos, mediante mensajes de texto. Para los fiscales, estas comunicaciones confirman que el esquema era organizado y sistemático, y no errores administrativos.
El dato:
- $672,147 en reclamaciones a Medicaid sin respaldo documental (hojas de asistencia u otra documentación) que probara la prestación de los servicios en estos centros de cuidados de adultos, fueron encontrados por una auditoría de la contraloría estatal solo en tres centros de cuidado para adultos (Brooklyn, Queens y Freeport)
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