Nueva York fue clasificado como el segundo peor estado del país en materia de regulación del cuidado infantil, de acuerdo con un nuevo análisis del Archbridge Institute, un centro de pensamiento conservador que sostiene que las normas estrictas y la burocracia estatal están elevando los costos para miles de familias.
El estudio, titulado “Child Care Freedom Index 2026”, evaluó políticas y requisitos que enfrentan los centros de cuidado infantil en los 50 estados, incluyendo la proporción de niños por cuidador, el tamaño máximo de los grupos, las horas obligatorias de capacitación anual y los requisitos educativos para directores y maestros principales.
Nueva York, solo por encima de Vermont en el ranking nacional
Con una puntuación de apenas 1.87, Nueva York e quedó solo por encima de Vermont, que ocupó el último lugar del ranking nacional. En contraste, otros estados con alta población obtuvieron mejores resultados: Florida se ubicó en el quinto puesto, Texas en el noveno y California en el lugar 13.
Según Archbridge, Nueva York recibió una calificación especialmente baja por mantener ratios reducidos de niños por personal: 8 a 1 para niños de 4 años y 9 a 1 para los de 5. Estas reglas, argumenta el informe, limitan la capacidad operativa de los centros y elevan los costos finales que deben asumir los padres.
Florida, por ejemplo, permite una proporción mucho mayor: hasta 15 niños por cuidador para menores de 3 años, 20 para niños de 4 y 25 para los de 5. California, en tanto, no establece un tamaño máximo de grupo para niños mayores de 27 meses.
Edward Timmons, vicepresidente de políticas públicas del Archbridge Institute, aseguró que Nueva York debería enfocarse en reducir trabas regulatorias en lugar de recurrir a subsidios financiados con dinero público.
“En vez de propuestas fiscalmente imprudentes para ofrecer cuidado infantil gratuito, la gobernadora Hochul debería trabajar con la Legislatura para flexibilizar regulaciones excesivas, aumentar la competencia y ampliar las opciones para los padres”, afirmó Timmons. Según el experto, permitir que el personal supervise a más niños y ampliar el tamaño de los grupos daría mayor libertad al mercado.
El instituto sostiene además que investigaciones previas no han demostrado que estas regulaciones más estrictas mejoren la calidad del servicio ni la seguridad infantil, pero sí están asociadas con precios más altos y una menor oferta de espacios disponibles.
Legisladores defienden normas por seguridad infantil
No todos comparten esa visión. Legisladores estatales y defensores del sistema actual recuerdan que muchas de estas normas buscan proteger a los niños más pequeños y garantizar estándares mínimos de calidad.
“Siempre es sano revisar las regulaciones, pero también queremos que nuestros hijos estén seguros y reciban una educación adecuada desde edades tempranas. Es una línea muy fina”, señaló el asambleísta del Bronx Michael Benedetto, presidente del Comité de Educación de la Asamblea estatal.
De acuerdo con el índice de Archbridge, los 5 estados con menor carga regulatoria para centros de cuidado infantil son Idaho, que ocupó el primer lugar, seguido por Carolina del Sur, Arizona, Alabama y Florida. En el extremo opuesto, además de Vermont y Nueva York, aparecen Pensilvania, Maryland y Massachusetts.
Familias enfrentan costos récord en la ciudad de Nueva York
El debate se intensifica en medio de una crisis de asequibilidad que golpea con fuerza a las familias urbanas. En la ciudad de Nueva York, el costo del cuidado infantil supera con frecuencia los $20,000 dólares al año por niño, una de las cifras más altas del país, lo que obliga a muchos padres a reducir sus horas laborales o abandonar temporalmente el mercado de trabajo.
Frente a este panorama, la gobernadora Kathy Hochul lanzó un ambicioso plan multianual de $4,500 millones para avanzar hacia un sistema de cuidado infantil universal en el estado. Su propuesta incluye el programa “2-Care”, que ofrecería atención gratuita a todos los niños de 2 años en la ciudad de Nueva York, además de una expansión del pre-K y otros servicios de primera infancia en el resto del estado.
Según la administración estatal, estas iniciativas permitirían atender a unos 100,000 niños adicionales en los próximos años y aliviar de forma significativa la carga financiera de las familias trabajadoras.
El plan cuenta con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani, quien durante su campaña prometió impulsar el cuidado infantil gratuito desde las 6 semanas de edad, financiado mediante aumentos de impuestos a personas de altos ingresos y grandes corporaciones.
Regulaciones federales también influyen en los requisitos estatales
Archbridge, sin embargo, advierte que este enfoque podría resultar costoso para los contribuyentes y no resolver los problemas estructurales del sistema. El informe también destaca que parte del incremento regulatorio proviene del ámbito federal.
En 2014, la reautorización del Child Care and Development Block Grant obligó a los estados que reciben fondos a establecer límites de tamaño de grupo y proporciones niño-personal, además de nuevos requisitos de licenciamiento.
En respuesta a las críticas, la oficina de Hochul defendió el enfoque de la gobernadora, subrayando que su prioridad es hacer más accesible el cuidado infantil sin comprometer la seguridad.
“El plan de cuidado infantil universal ahorrará miles de millones de dólares a las familias de Nueva York cada año y hará del estado un lugar más asequible para criar hijos”, señaló un portavoz, quien agregó que también se están revisando las regulaciones actuales para garantizar que la infraestructura y la fuerza laboral sean de alta calidad y efectivas.
La administración estatal insiste en que las proporciones de personal vigentes están alineadas con las mejores prácticas recomendadas por expertos nacionales y son fundamentales para proteger el bienestar de los niños.
Mientras tanto, el choque entre quienes promueven menos regulación y quienes priorizan estándares estrictos continúa marcando el futuro del cuidado infantil en Nueva York. Con costos récord, largas listas de espera y propuestas multimillonarias sobre la mesa, el estado enfrenta una decisión clave: apostar por un mercado más flexible o profundizar la inversión pública para garantizar acceso universal.
El resultado de ese debate no solo definirá el rumbo de la política social en los próximos años, sino también la capacidad de miles de familias para equilibrar trabajo, crianza y estabilidad económica.
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