La ciudad de Nueva York pagó más de $117 millones de dólares en 2025para resolver demandas por mala conducta policial, según un análisis de datos municipales publicado por The Legal Aid Society y difundido por The Associated Pres. En los últimos siete años, los desembolsos por este tipo de casos alcanzan casi $800 millones de dólares.
En total, la ciudad cerró 1,044 demandas en 2025, la cifra más alta desde 2019, cuando se resolvieron 1,276 caso. Fue el cuarto año consecutivo en que los acuerdos superaron los $100 millones de dólares.
El monto del año pasado casi duplicó los $62.1 millones pagados en 2020 para resolver 929 casos. En 2024, el total ascendió a $206.4 millones de dólares en 980 demandas.
Las cifras forman parte de un análisis que solo contempla acuerdos judiciales y no incluye reclamaciones resueltas por la oficina del contralor municipal antes de llegar a litigio formal.
De los pagos realizados en 2025, alrededor de $42 millones de dólares estuvieron vinculados a condenas injustas y $28 millones, casi una cuarta parte del total, correspondieron a hechos ocurridos hace más de dos décadas.
Según el Departamento de Policía de Nueva York, estos casos también representan una parte significativa de los $796 millones de dólares pagados desde 2019 para cerrar litigios por mala conducta.
Entre los acuerdos más elevados del año pasado figuran $24.1 millones de dólares otorgados a Eric Smokes y David Warren, quienes pasaron más de 20 años en prisión tras ser condenados por un robo mortal ocurrido en 1986 en el centro de Manhattan.
Smokes recibió $13 millones y Warren $11.1 millones. En una demanda presentada en 2024, ambos alegaron que un detective corrupto construyó el caso basándose en el testimonio de un joven de 17 años con discapacidad emocional y problemas de drogas, y que varios testigos los identificaron bajo amenazas de cargos penales.
Otro pago importante fue de $3.9 millones de dólares para Steven Lopez, arrestado junto a los llamados Cinco de Central Park, hoy conocidos como los Cinco Exonerados, tras la anulación de sus condenas por la violación de una corredora en 1989.
Aunque los otros cinco fueron a juicio, Lopez se declaró culpable de un cargo menor bajo fuerte presión policial y pública.
También se otorgaron $5.75 millones de dólares a un hombre que aseguró haber perdido la visión de un ojo tras recibir el impacto de una pistola eléctrica disparada por un agente.
En otros casos, la ciudad pagó $5.2 millones a nueve personas que denunciaron haber sido incriminadas entre 2014 y 2016 por dos oficiales posteriormente condenados por falsificar testimonios o documentos.
Además, cuatro manifestantes recibieron $1.7 millones de dólares tras denunciar que fueron golpeados o arrojados al suelo durante protestas en Brooklyn en junio de 2020 por el asesinato de George Floyd.
El análisis se publicó mientras la ciudad enfrenta un déficit presupuestario estimado en $5,400 millones de dólares, indicó la agencia de noticias.
El alcalde Zohran Mamdani propuso recortar $22 millones del presupuesto del Departamento de Policía de Nueva York, que asciende a 6.400 millones, en un contexto en el que el departamento sostiene que los índices de criminalidad han disminuido. Los acuerdos judiciales se pagan con una partida separada del presupuesto municipal.
El NYPD defendió su gestión en un comunicado citado por AP, en el que señaló que, aunque es importante atender estos casos, muchos corresponden a hechos antiguos y “no dicen nada sobre el estado actual de la policía”.
Bajo la dirección de la comisionada Jessica Tisch, el departamento afirma haber adoptado medidas para reforzar la rendición de cuentas, actualizar políticas y colaborar con las fiscalías en la revisión de arrestos y condenas cuestionadas.
Sin embargo, la semana pasada un monitor federal designado por el tribunal criticó al NYPD por supervisar de forma deficiente a sus agentes y por no reportar con precisión el uso de la práctica de “parar y registrar”.
En 2013, un juez federal determinó que la aplicación frecuente de esa táctica violaba los derechos civiles de neoyorquinos negros e hispanos. Aunque su uso ha disminuido, el monitor sostuvo que persisten niveles “inaceptablemente bajos” de cumplimiento de las protecciones constitucionales.
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