Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie), planteó la necesidad de actualizar y fortalecer por ley las normas de construcción sismorresistente que rigen las edificaciones públicas y privadas en el país, como parte de una estrategia nacional orientada a reducir los riesgos y la vulnerabilidad sísmica.
Así lo afirmó su director general, Leonardo de Jesús Reyes Madera, quien explicó que el país cuenta con un reglamento técnico aprobado en 1978 que establece parámetros para el diseño y construcción de estructuras seguras, pero cuya aplicación estricta y actualización resultan impostergables ante los desafíos actuales.
Reyes Madera, señaló que una correcta implementación de estas normas permitiría intervenir edificaciones identificadas como frágiles y vulnerables, transformándose en infraestructuras más resilientes.
“Yo siempre digo que hay un terremoto para cada edificio, pero habría menos vidas en peligro si se aplican las correcciones que están previstas en las normas establecidas”, expresó el funcionario, al destacar la importancia de la prevención y la adecuación estructural en zonas de alta amenaza sísmica.
El funcionario, enfatizó que tanto los constructores privados como los contratistas del Estado deben cumplir rigurosamente las normas técnicas vigentes y subrayó la necesidad de una supervisión continua y efectiva por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, entidad responsable de otorgar las autorizaciones correspondientes.
Asimismo, advirtió que en el país persisten numerosas edificaciones levantadas de manera irregular, sin los permisos requeridos, lo que representa un riesgo elevado para la seguridad de la población.
En ese sentido, lamentó que algunos profesionales responsables del diseño y ejecución de obras no actúen con el nivel de responsabilidad y profesionalidad que demanda el desarrollo nacional.
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Reyes Madera indicó que, aunque existen reglamentos que establecen recomendaciones mínimas en materia de construcción sismorresistente, en muchos casos ni siquiera estas disposiciones básicas son cumplidas, lo que incrementa significativamente la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a eventos sísmicos.
En ese contexto, consideró imprescindible otorgar carácter de ley a las obligaciones en materia de construcción sismorresistente, al advertir que su sustento actual en un decreto presidencial permite que estas disposiciones puedan ser modificadas o derogadas en cualquier momento, debilitando su aplicación, fiscalización y cumplimiento efectivo.
Durante la entrevista, Reyes Madera también destacó el rol técnico de la institución, como órgano especializado del Estado, responsable de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones e infraestructuras, así como de la promoción de acciones de prevención estructural.
Señaló que la institución realiza diagnósticos y evaluaciones con criterios técnicos rigurosos, que permiten determinar niveles de riesgo y orientar la toma de decisiones de las autoridades competentes, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las infraestructuras, especialmente en edificaciones que no cuentan con autorizaciones ni cumplen con las normas establecidas.
