SONDEO LATINO, CIUDAD GUATEMALA.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instar al Gobierno dominicano a iniciar el plan de cierre de las plantas de carbón en el país, acordado con la cooperación internacional.
Durante la audiencia presencial de la CIDH en Ciudad Guatemala, las organizaciones recordaron que el acuerdo, suscrito el 15 de noviembre de 2024 con el Gobierno dominicano, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional del Clima (CIF), establece el cierre de Barahona Carbón para 2027, las ITABOs en 2028, y las dos unidades de Punta Catalina en la década de 2030.
De acuerdo a un comunicado, a cambio, el Gobierno dominicano recibió US$150 millones para estudios relacionados. El BID se comprometió a financiar proyectos de energías renovables para reemplazar la electricidad generada por carbón.
Las organizaciones señalan que los US$1,750 millones que el BID financia para dos plantas de gas natural licuado en Manzanillo, Montecristi, responden a este acuerdo, aunque consideran que se han desviado por la presión del Gobierno hacia otro combustible fósil.
Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, director ejecutivo y vicepresidente de Insaproma, respectivamente, exigieron un marco normativo que regule el cierre de las plantas y prevenga vulneraciones de derechos humanos.
«Estamos exigiendo en la CIDH que se adopte una norma jurídica interna que establezca fechas, etapas y metas verificables para la salida progresiva del carbón antes de 2039, con indicadores de cumplimiento, mecanismos de rendición de cuentas y participación efectiva de la sociedad civil y las comunidades afectadas», especificaron.
Las organizaciones también denunciaron la oposición del Gobierno a crear espacios de diálogo y participación sobre los impactos de Punta Catalina y el plan de cierre.
Enfatizaron que el cierre debe incluir un régimen de responsabilidades, garantías financieras, remediación, reparación integral e indemnización de daños en las comunidades afectadas.
Asimismo, solicitaron fortalecer los estándares ambientales, armonizar la regulación nacional con los estándares de la OMS y garantizar monitoreo independiente y acceso público a la información.
Las organizaciones dominicanas participan en la audiencia regional junto a otras de Ecuador, Colombia y Chile, que exponen casos sobre la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. Entre estos se encuentran el cierre de la mina de carbón del Cerrejón (Colombia), el cierre de las plantas de carbón de Quintero-Puchuncaví (Chile) y el cierre de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía del Ecuador.
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