Panamá.- Una serie de recientes decisiones judiciales en Panamá evidencian un endurecimiento en la política penal del país, con condenas que se acercan al límite máximo de 50 años de prisión establecido por el Código Penal.
Los fallos, impulsados por investigaciones del Ministerio Público y respaldados por tribunales de primera y segunda instancia, han reactivado el debate sobre la función disuasiva del sistema penal y la posibilidad de introducir la cadena perpetua.
La sentencia más severa fue impuesta a un ciudadano de 25 años, condenado a 49 años de prisión por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, tras un ataque armado ocurrido en mayo de 2023 en el sector de Santa Ana, que dejó un joven fallecido y dos menores heridos.
El tribunal aplicó una pena líquida de 49 años, lo que implica que la condena deberá cumplirse íntegramente, sin acceso a beneficios penitenciarios como reducción por trabajo o estudio, salvo las excepciones estrictamente contempladas en la ley. En Panamá, la pena máxima es de 50 años, incluso en casos de acumulación de múltiples delitos graves, por lo que la sanción impuesta se aproxima al tope permitido por el ordenamiento jurídico.
Además de la pena principal, el condenado fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 10 años una vez cumplida la sanción.
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Otra decisión relevante provino del Tribunal Superior de Apelaciones, que reformó una condena inicial de 21 años por homicidio agravado y la elevó a 30 años de prisión, al considerar que no se aplicaron correctamente los criterios de individualización de la pena establecidos en el artículo 79 del Código Penal.
El caso estuvo relacionado con un asesinato ocurrido en una gallera en Pesé, provincia de Herrera. El condenado, declarado cómplice primario, participó en la logística y huida tras el crimen. El tribunal concluyó que su intervención fue determinante para la ejecución del hecho, lo que justificó una sanción más severa.
En la provincia de Colón, otro hombre de 26 años fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, por un hecho ocurrido en noviembre de 2022 en el distrito de Donoso. El tribunal también le prohibió portar armas de fuego por el mismo periodo de la pena principal, una vez cumplida la condena.
Condenas por robo y armas ilegales
En materia de delitos contra el patrimonio, un hombre recibió 16 años de prisión por robo agravado, luego de que la Fiscalía Metropolitana demostrara su responsabilidad en un asalto violento ocurrido en mayo de 2023, durante el cual la víctima sufrió fracturas en la mandíbula tras ser golpeada con un arma de fuego.
Asimismo, un juez de garantías validó un acuerdo que derivó en una condena de 10 años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego, tras un allanamiento en Pedregal en el que se incautaron pistolas, un fusil y municiones sin los permisos correspondientes. Además de la pena privativa de libertad, se impuso una multa económica.
Debate sobre cadena perpetua
En paralelo a estas decisiones judiciales, la Asamblea Nacional abrió el debate sobre la posible incorporación de la cadena perpetua al sistema penal panameño. En octubre pasado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó de forma unánime un proyecto de ley que busca reformar el artículo 52 del Código Penal para permitir sanciones de por vida en casos de extrema gravedad.
La propuesta también contempla la creación del artículo 132-C, aplicable a homicidios cometidos con especial crueldad, ejecución atroz, uso de fuego, asfixia, extracción de órganos vitales o en casos de crímenes múltiples.
Tendencia punitiva
En conjunto, las recientes condenas reflejan una tendencia a imponer penas cercanas al máximo legal, aplicar penas líquidas y revisar en segunda instancia decisiones consideradas indulgentes. Para el Ministerio Público, estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana y elevar el costo penal de los delitos violentos.
No obstante, especialistas advierten que el endurecimiento de las sanciones también plantea desafíos para el sistema penitenciario y abre un debate jurídico sobre los límites del castigo, la proporcionalidad y la eficacia real de las penas extremadamente prolongadas.
