En los últimos meses, mientras el debate migratorio volvía a ocupar titulares en Estados Unidos, algo más silencioso comenzó a ocurrir detrás de escena. No hubo anuncios oficiales ni comunicados masivos. Pero sí una serie de solicitudes formales enviadas desde el gobierno a algunas de las plataformas digitales más grandes del planeta. El objetivo: obtener información sobre usuarios que habían publicado mensajes críticos. El instrumento utilizado y la respuesta de las empresas están ahora bajo la lupa.
Una herramienta poco visible que cambió las reglas
Según un reporte del New York Times basado en fuentes anónimas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) envió en los últimos meses cientos de citaciones administrativas a empresas tecnológicas. Entre las compañías que recibieron estas solicitudes se encuentran Reddit, Meta, Google y Discord.
La particularidad del mecanismo utilizado no es menor. Se trata de citaciones administrativas, una herramienta que no requiere la aprobación de un juez. En lugar de ser emitidas por el Poder Judicial, provienen directamente del propio organismo gubernamental. Históricamente, este tipo de instrumento estaba reservado para situaciones extremas, como investigaciones vinculadas a secuestros infantiles.
La diferencia es clave. Mientras una orden judicial implica una revisión previa por parte de un magistrado, la citación administrativa otorga al organismo una vía más rápida y con menos filtros. En este caso, el objetivo era obtener datos identificatorios de usuarios cuyas publicaciones cuestionaban a ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o señalaban la ubicación de agentes durante operativos.
El alcance exacto de la información entregada no fue detallado públicamente. Sin embargo, el informe indica que algunas de las empresas “cumplieron con parte de las solicitudes”. Eso abre un interrogante inevitable: ¿qué significa exactamente “cumplir con parte”? ¿Se trató de datos básicos de registro? ¿Direcciones IP? ¿Historiales de actividad?
Google respondió al periódico con un comunicado en el que aseguró que cada citación es revisada bajo un proceso diseñado para proteger la privacidad de los usuarios mientras se cumplen las obligaciones legales. Además, la compañía señaló que notifica a los usuarios cuando sus cuentas son objeto de una citación, salvo que exista una orden que lo prohíba o una circunstancia excepcional. También afirmó que rechaza solicitudes que considera demasiado amplias.
El debate sobre privacidad y límites del poder estatal
Más allá de las respuestas corporativas, el episodio encendió alarmas entre defensores de derechos digitales. La razón es simple: la expansión del uso de citaciones administrativas para identificar voces críticas puede sentar un precedente delicado.
De acuerdo con el informe, las empresas involucradas suelen otorgar a los usuarios un plazo de 14 días para impugnar la citación en tribunales antes de entregar la información solicitada. En teoría, ese período funciona como una última línea de defensa. En la práctica, sin embargo, muchos usuarios podrían no tener los recursos legales o el tiempo suficiente para iniciar una disputa judicial.
El contexto amplifica la controversia. ICE ha sido objeto de fuertes críticas por sus operativos y políticas de deportación. En paralelo, el rol de las grandes tecnológicas en el ecosistema de vigilancia y colaboración con autoridades se ha vuelto cada vez más complejo.
Amazon, por ejemplo, ha sido señalada en investigaciones previas por su vinculación indirecta con operativos migratorios. En octubre, Ring (la empresa de timbres inteligentes propiedad de Amazon) anunció una asociación con Flock, una red impulsada por inteligencia artificial que integra imágenes de cámaras con bases de datos utilizadas por fuerzas de seguridad locales y federales. Investigaciones periodísticas posteriores sugirieron que esa red podría facilitar el acceso de distintas agencias a grandes volúmenes de imágenes.
Aunque no todas las empresas mencionadas enfrentan el mismo nivel de implicación, la percepción pública está cambiando. En redes sociales surgió una campaña llamada “Resist and Unsubscribe”, que apunta contra diez compañías tecnológicas consideradas especialmente colaborativas con ICE. Entre ellas figuran Meta, Google y Amazon.
El debate ya no se limita a la legalidad estricta de las citaciones. La discusión gira en torno a un dilema más amplio: hasta qué punto las plataformas deben proteger a sus usuarios cuando las críticas políticas se cruzan con solicitudes gubernamentales.
A medida que el uso de estas herramientas se expande, la frontera entre seguridad nacional, libertad de expresión y privacidad digital se vuelve más difusa. Y aunque muchos usuarios nunca recibirán una notificación oficial, el precedente podría redefinir cómo se equilibra el poder en la era de las plataformas.
Este artículo ha sido traducido de Gizmodo US por Lucas Handley. Aquí podrás encontrar la versión original.
