Entre avances normativos y desafíos estructurales para la igualdad real en la economía, la política y la vida institucional.
La realidad de la mujer dominicana refleja una paradoja evidente: el país ha avanzado en la construcción de un marco jurídico que reconoce sus derechos, pero persisten brechas económicas y sociales que limitan el ejercicio pleno de esas garantías.
En las últimas décadas, la República Dominicana ha desarrollado instrumentos legales orientados a garantizar la igualdad de género. La Constitución de la República, en su artículo 39, consagra el principio de igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de género, estableciendo además la obligación del Estado de promover condiciones que permitan que esa igualdad sea real y efectiva.
A partir de este mandato constitucional se han desarrollado diversas normas que integran el marco jurídico nacional para la protección de los derechos de las mujeres. Entre ellas destaca la Ley 24-97, que establece sanciones contra la violencia intrafamiliar y de género; la Ley 86-99, que organiza el Ministerio de la Mujer como órgano rector de las políticas públicas en materia de igualdad; y la Ley 33-18 de Partidos Políticos, que introduce mecanismos de cuotas para promover la participación femenina en los espacios de representación política.
De igual forma, la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo incorpora el enfoque de género como eje transversal en la planificación de políticas públicas, mientras que la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública refuerza el principio de trato igualitario frente al Estado.
Este conjunto normativo evidencia que el país ha dado pasos importantes en la construcción de un marco institucional orientado a la igualdad de género. Sin embargo, la existencia de normas no siempre se traduce automáticamente en igualdad efectiva en la vida económica y social.
Brechas económicas y participación laboral.
En el ámbito laboral, las estadísticas reflejan importantes brechas. Datos recientes del mercado laboral dominicano indican que la participación laboral femenina ronda el 53 %, mientras que la masculina supera el 76 %, lo que evidencia una diferencia estructural en el acceso al empleo y en las oportunidades de inserción en el mercado laboral.
A esto se suma la persistencia de una brecha salarial estimada entre un 16 % y un 23 %, lo que indica que las mujeres continúan percibiendo, en promedio, menores ingresos que los hombres por trabajos de valor equivalente.
Paradójicamente, las mujeres tienen un papel determinante en el tejido empresarial del país. Informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes señalan que aproximadamente la mitad de las micro y pequeñas empresas dominicanas están lideradas por mujeres, muchas de las cuales impulsan iniciativas productivas que generan empleo y dinamizan las economías locales.
En el plano social, las mujeres también ocupan un rol central en la estabilidad de los hogares. Datos de la Oficina Nacional de Estadística indican que cerca de cuatro de cada diez hogares dominicanos están encabezados por mujeres, lo que evidencia su responsabilidad directa en la sostenibilidad económica y familiar.
Sin embargo, esta realidad también revela una carga adicional: muchas mujeres deben conciliar simultáneamente responsabilidades laborales, familiares y de cuidado, lo que limita sus posibilidades de crecimiento profesional y económico.
En el ámbito político, aunque se han logrado avances a través de los mecanismos de cuotas establecidos por la legislación electoral, la participación femenina en los principales espacios de decisión aún presenta importantes desafíos. Actualmente, las mujeres ocupan alrededor de un 36 % de los escaños en la Cámara de Diputados y cerca de un 12 % en el Senado, cifras que reflejan progreso, pero que también muestran que la representación política aún está lejos de ser plenamente equilibrada.
El desafío de la mujer dominicana no es únicamente jurídico, sino también económico y social. Las normas han abierto espacios importantes, pero el verdadero reto está en que las políticas públicas, el mercado laboral y las instituciones generen condiciones efectivas para el ejercicio pleno de esos derechos.
La igualdad jurídica ya está reconocida en nuestro ordenamiento. El reto pendiente es que ese reconocimiento se traduzca en indicadores concretos de participación económica, liderazgo institucional y acceso efectivo a oportunidades para las mujeres dominicanas.
POR YULIBELYS WANDELPOOL
*La autora es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.
La entrada Retos de la mujer dominicana: entre avances jurídicos y desafíos económicos y sociales se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
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