La doble tragedia de los pacientes oncológicos en RD

La República Dominicana enfrenta una dramática paradoja en su sistema de salud: mientras se celebra la ampliación de coberturas teóricas, la realidad palpable es una crisis silenciosa que se cierne sobre los pacientes de cáncer, condenándolos a una doble tragedia. No solo luchan contra el flagelo de una enfermedad devastadora, sino que también se ven obligados a confrontar la ineficiencia sistémica y la ruina económica para preservar su derecho fundamental a la vida.

El primer acto de este drama es la catástrofe financiera. El tratamiento de un paciente oncológico en el país puede requerir, anualmente, entre seis y diez millones de pesos. Frente a este costo monumental, la cobertura del Plan de Servicios de Salud (SFS) ha sido históricamente de apenas un millón de pesos anuales, un tope que, para muchos, se consume incluso en tan solo tres o cuatro meses de terapia. Aunque recientemente se aprobó la ampliación de la cobertura de medicamentos oncológicos hasta RD$2,090,000.00 para el Régimen Subsidiado, esta cifra palidece ante los costos reales, forzando a las familias, incluso a las de clase media, al endeudamiento y a la potencial ruina. De hecho, se estima que en el país, aproximadamente la mitad (50.5%) del gasto total en salud es financiado por el aporte directo de los hogares.

La segunda tragedia, aún más urgente, es el colapso en el acceso a los tratamientos vitales. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) ha denunciado una «crisis nunca antes vista» en el suministro de fármacos de Alto Costo, asegurando que pacientes dependientes de estas medicinas están muriendo porque llevan hasta un año sin recibirlas. Esta desesperación se magnifica en el Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC), donde al menos 132 pacientes se encontraban en lista de espera desde 2023. Esta falta de entrega oportuna obliga a pacientes a interrumpir sus tratamientos, a veces hasta por siete meses, situación que deteriora su salud y puede hacer que la enfermedad progrese, requiriendo luego fármacos aún más costosos.

La raíz de esta inacción, según denuncias, no reside necesariamente en la falta absoluta de fondos, pues el presupuesto del PMAC ha crecido significativamente, sino en una «mala administración» de los recursos disponibles, sumada a una burocracia excesiva y la ausencia de coordinación institucional.

A esto se añade la injerencia inaceptable de algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que han comenzado a modificar las recetas y las opciones de medicamentos, sustituyéndolos sin una justificación clínica clara. La oncología exige un enfoque individualizado y personalizado, y esta práctica, al interrumpir la continuidad del tratamiento, puede tener consecuencias devastadoras.

Además, la atención sanitaria para el paciente vulnerable se ve comprometida por el modelo de gestión en algunos centros especializados. Se ha denunciado que hospitales como el Instituto Oncológico Regional del Cibao operan con una dinámica de «clínica privada» y cobran cuotas de recuperación a pesar de estar destinados a la población de escasos recursos, llegando incluso a la indignidad de tener a pacientes oncológicos recibiendo quimioterapia en la sala de emergencia por falta de espacios adecuados.

Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a esta doble tragedia. Urge la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de Alto Costo, el respeto irrestricto a la autonomía médica frente a las ARS, y un rediseño estratégico del sistema de medicamentos para asegurar que el acceso a la vida no dependa del agotamiento patrimonial o de la suerte burocrática. La inacción en este campo no es una opción; es una condena silenciosa.