Las regulaciones prohibitivas y los altos impuestos impulsan el comercio ilícito de vapeo en Europa


Europa se enfrenta a una creciente expansión del comercio ilícito de cigarrillos electrónicos como consecuencia directa de regulaciones prohibitivas y elevados impuestos, según revela un reciente estudio del Instituto Fraunhofer IIS, uno de los principales centros de investigación en dicho continente.

La investigación concluye que estas políticas restrictivas no solo han fallado en su objetivo de controlar el consumo, sino que han generado fuertes incentivos para el mercado ilegal, hasta el punto de que el vapeo ilícito representa actualmente el 48 % de todos los cigarrillos electrónicos vendidos anualmente en Europa. En términos económicos, este mercado alcanzó un valor estimado superior a 6.600 millones de euros en 2024, con previsiones que apuntan a que podría superar los 7.200 millones de euros a finales de 2025.

Un problema creado por la prohibición y la fiscalidad excesiva.

El informe de Fraunhofer IIS identifica como uno de los principales factores del problema la legislación irregular y fragmentada entre los países europeos, que, lejos de desincentivar el consumo, “alimenta los incentivos para el comercio irregular”. En este contexto, se destaca que el 90 % de los cigarrillos electrónicos importados en Europa proceden de China, y que una parte significativa se fabrica y distribuye al margen de los controles legales y sanitarios.

Para los investigadores, estos datos confirman que las medidas nacionales unilaterales, basadas casi exclusivamente en prohibiciones y altos impuestos, se han demostrado ineficaces. Por el contrario, este enfoque ha terminado favoreciendo la expansión del mercado gris y negro, debilitando el control de las autoridades y reduciendo la recaudación fiscal.

La reducción de daño como alternativa eficaz

Ante este escenario, diversas organizaciones y expertos en políticas públicas están instando a los estados miembros de la Unión Europea a replantear su enfoque regulatorio. En lugar de profundizar en la prohibición, proponen avanzar hacia un sistema fiscal y regulatorio basado en el nivel de riesgo sanitario de cada producto

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Más allá del impacto económico, el estudio alerta sobre las graves consecuencias para la salud pública derivadas del auge del mercado ilegal. Los cigarrillos electrónicos ilícitos suponen un “riesgo incalculable para los consumidores”, especialmente por la presencia de productos adulterados o fabricados sin estándares de calidad.

Según Fraunhofer IIS, estos dispositivos pueden contener sustancias no testadas y con efectos desconocidos, lo que puede derivar en envenenamientos, reacciones adversas y problemas de salud a largo plazo. La falta de regulación efectiva en el mercado ilegal elimina cualquier garantía de seguridad para los usuarios y dificulta la labor de las autoridades sanitarias.

Este modelo contempla impuestos especiales más bajos para las alternativas sin combustión, como los cigarrillos electrónicos regulados, en comparación con los productos tradicionales de tabaco. El objetivo es doble: desincentivar el consumo de productos más dañinos y, al mismo tiempo, reducir el atractivo del mercado ilícito, facilitando que los consumidores accedan a alternativas legales, controladas y menos riesgosas.

Las conclusiones del Instituto Fraunhofer IIS refuerzan la idea de que la prohibición y la fiscalidad excesiva no eliminan la demanda, sino que la desplazan hacia circuitos ilegales. Frente a ello, una regulación coherente, armonizada y basada en la reducción de daño se perfila como la vía más eficaz para proteger la salud pública, combatir el comercio ilícito y recuperar el control del mercado.

Realidad dominicana

Recientemente el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, expresó la necesidad de una regulación específica para cigarrillos electrónicos o vapeadores, a raíz del consumo de vapes adulterados especialmente en menores de edad. En los últimos seis años se han introducido varios proyectos de ley que buscan restringir el acceso de estos productos en menores de edad, así como establecer controles de calidad y sanciones a comercios que no cumplan con la ley. Sin embargo, no han logrado aprobación.

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