Dueño de Jet Set se presenta ante la Fiscalía tras tragedia que dejó 231 mu3rt0s.
Antonio Espaillat López, gerente de Inversiones E y L, S.R.L. (empresa propietaria de la discoteca Jet Set), finalmente se puso a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación del colapso que cobró 231 vidas el pasado 8 de abril. La comunicación oficial fue enviada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y firmada por su abogado defensor, Jorge Luis Polanco.
En el documento, Espaillat manifiesta su «compromiso con la transparencia» y asegura que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, este gesto llega 23 días después de la tragedia, período durante el cual el empresario había mantenido total silencio público mientras crecían las acusaciones en su contra.
Las sospechas de negligencia criminal se han incrementado tras revelarse que el local presentaba graves fallas estructurales desde 2018, documentadas en informes técnicos que fueron ignorados. Además, una investigación periodística de Alicia Ortega demostró que existían advertencias públicas sobre el peligro inminente, incluyendo una reseña en Google Maps que alertaba sobre problemas en el techo.
Familiares de las víctimas han recibido con escepticismo este movimiento de Espaillat. «Si realmente quiere ayudar, que confiese toda la verdad y nombre a los funcionarios cómplices que le permitieron operar ese antro mortal», declaró airadamente el padre de una joven fallecida. Abogados consultados sugieren que esta estrategia busca suavizar una posible condena.
La Fiscalía del Distrito Nacional enfrenta ahora una decisión crucial: aceptar esta declaración voluntaria o solicitar la prisión preventiva del empresario, como exigen las víctimas. Se espera que en los próximos días se definan los cargos concretos contra Espaillat y otros posibles responsables.
Mientras la justicia avanza, el país sigue preguntándose: ¿Este gesto representa un verdadero arrepentimiento o solo es una maniobra legal para evadir la c4rc3l? Las próximas semanas serán determinantes para esclarecer uno de los casos de negligencia más graves en la historia reciente del país.
