Durante años, la narrativa dominante en Silicon Valley era mirar hacia arriba. Marte, colonias orbitales, estaciones permanentes en la Luna… Pero en algún momento, el sueño espacial cedió paso a algo más terrenal y, al mismo tiempo, más inquietante: la posibilidad de crear países privados donde los tecnólogos decidan las reglas.
Ese viraje tiene protagonistas muy específicos. Laurence Ion —programador rumano, activista de la longevidad y rostro habitual del mundo cripto— aparece liderando raves matinales en un edificio de San Francisco mientras confiesa que quiere un microestado donde la muerte sea “opcional”. Otros nombres, como Vitalik Buterin, Peter Thiel, Sam Altman o los Winklevoss, orbitan en mayor o menor medida estos proyectos que mezclan blockchain, biotecnología, zonas económicas especiales y un deseo profundo de “salirse del sistema”.
Del Estado-nación al Estado-red
La visión más influyente viene del libro The Network State, de Balaji Srinivasan. Su idea es sencilla de describir y compleja de ejecutar: comunidades digitales que encuentren un territorio físico, negocien autonomía y construyan una jurisdicción paralela basada en sus propios valores.
Y ya están intentando hacerlo.
Zuzalu, la ciudad pop-up de Vitalik Buterin en Montenegro, fue el primer experimento grande. Luego vino Vitalia en Honduras, y ahora Viva City —el proyecto comandado por Ion— busca directamente negociar terrenos donde aplicar leyes más laxas para tratamientos médicos experimentales. Prometen dos millones de dólares a quien los conecte con un político dispuesto a cederles una jurisdicción especial.
No están solos. Praxis, financiada por Altman, Lonsdale y los Winklevoss, planea construir “Atlas”, una ciudad tecnológica junto a la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. California Forever ya controla más de 65.000 hectáreas cerca de Silicon Valley. Y compañías como Pronomos Capital financian zonas semiindependientes en Honduras o el Caribe para probar nuevos modelos de gobernanza.
Una utopía para unos pocos… y un déjà vu incómodo para muchos
Las promesas son siempre las mismas: innovación sin trabas, tratamientos de vanguardia, impuestos mínimos, talento global, ciudades “para hacedores”. Pero detrás de ese discurso late algo más viejo: la lógica colonial envuelta en terminología futurista.
¿Quién limpiará los laboratorios? ¿Quién vigilará las calles? ¿Quién tendrá derecho a entrar… y a salir?
En muchos modelos del Estado-red, la ciudadanía no se hereda ni se vota: se compra. Si no te gustan las reglas, dicen, simplemente te mudas. Un país diseñado como si fuera un servicio por suscripción.
Mientras tanto, los gobiernos donde estos grupos operan enfrentan presiones enormes. Honduras revocó el estatus especial de Próspera, que respondió con una demanda internacional de 11.000 millones de dólares. Otros países, desesperados por inversión extranjera, podrían entregar más autonomía de la que realmente querrían.
Las preguntas que Silicon Valley todavía no puede responder
Pese a la estética futurista, muchos de estos proyectos siguen siendo pop-ups improvisados en edificios de oficinas, con laboratorios montados en salas de reuniones y raves a las 10 de la mañana. Pero algo está cambiando: hay financiación, interés político y una sensación de que la élite tecnológica quiere dejar de influir en el mundo… para directamente construir uno nuevo.
La duda es si ese mundo será un refugio para la innovación o un club privado gobernado por quienes pueden pagar la entrada. Porque, detrás de la retórica de la “salida digital”, surge la misma pregunta que ha acompañado a todas las utopías: ¿quién se queda afuera?
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