En entrevista con El Diario, Vivian Godineaux, presidenta del Colegio de Abogados de P.R., alegó que no se está siguiendo el debido proceso de ley
Nueva York – El miedo y la incertidumbre reinan en vecindarios como Santurce y Río Piedras, en la zona metropolitana de Puerto Rico, tras los operativos encabezados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el domingo pasado, en Barrio Obrero con una amplia comunidad dominicana.
“Tenemos lugares con mucha población migrante…no están llevando a los niños a las escuelas. Hay áreas que están vacías en Puerto Rico, escuelas”, reveló Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), en entrevista con El Diario.
Según la portavoz, las intervenciones de las autoridades federales en el territorio en respuesta a las órdenes ejecutivas antimigratorias firmadas por el presidente Donald Trump han provocado un efecto en cadena a distintos niveles, incluyendo el de la salud mental de la población.
“Hay un impacto en las personas y hay un impacto en el país. (Hay un impacto) en cuanto a la salud mental de nuestros hermanos y hermanas migrantes, como en los (puertorriqueños) que vivimos aquí, que estamos viviendo estos temores; hay un impacto emocional”, resaltó.
Godineaux Villaronga añadió que, ante el miedo de que puedan ser abordados por agentes, muchos migrantes han optado por no salir de sus casas.
“Ahora mismo, en el centro de Río Piedras, lo que son los comercios, están básicamente vacíos, y lo mismo en Barrio Obrero y en otras áreas, porque hay mucho temor; hay mucho temor y la gente se está quedando en sus casas”, alertó.
En ese contexto, la presidenta del CAPR advirtió sobre el efecto multiplicador desde el punto de vista económico en una isla que aún no sale de la quiebra.
“También hay un impacto económico. Esto afecta también la economía de Puerto Rico. Muchas personas no han podido salir a trabajar. Vamos a algunos comercios en Río Piedras, en Barrio Obrero y otras áreas de Santurce, no hay gente…Así que hay un efecto que es multiplicador desde el punto de vista económico”, insistió la entrevistada.
A juicio de la portavoz de los abogados y abogadas de Puerto Rico, el panorama se agrava ante la realidad de que, en el caso de los dominicanos, una de las poblaciones más afectadas por las movidas federales, estos son claves para incentivar la fuerza laboral y el movimiento económico.
“Estas personas vienen a Puerto Rico, y, generalmente, hacen los trabajos que muchos de nuestros puertorriqueños no quieren hacer. Aquí se afecta lo que es la industria de la construcción, porque trabajan en la construcción. Hay muchas empleadas domésticas que hacen limpieza en muchos hogares…, y así en diversas áreas. Esas personas, ahora mismo, por esos temores, no están saliendo a trabajar, y cómo generan ingresos y sustentan a sus hijos. Ellos envían dinero a la República Dominicana constantemente y se le está limitando ese derecho que tienen de generar ingresos”, argumentó.
La población dominicana es la minoría más numerosa en la isla. Los datos del Censo de Estados Unidos para el 2021, apuntaba a que unos 58,352 dominicanos residían en Puerto Rico. A pesar de su aporte a la economía, estos migrantes siguen sufriendo altos niveles de pobreza y discrimen que ahora se suman al temor y a otros efectos colaterales de las intervenciones por parte del personal migratorio federal.
Efecto económico en cadena de los arrestos de ICE
El periódico El Nuevo Día reportó este miércoles que el centro de Río Piedras, en San Juan, caracterizado por pequeños negocios, algunos de origen dominicano, lucía paralizado ante la poca afluencia de clientes.
“Tienen miedo de que vengan y lo arresten. Aquí venía mucha gente a comprar para ir a sus trabajos; compraban su almuerzo. Hoy no están yendo a su trabajo, se quedan en sus casas y el almuerzo se está quedando…La gente teme venir a comprar”, relató el hombre, al tiempo que aseguró que la situación no solo afecta a los dominicanos sino a todo el mundo en Puerto Rico.
Para la licenciada, lo que está ocurriendo en el territorio no es distinto a lo que ocurre en los estados.
“Es el mismo panorama. Nosotros estamos con las mismas preocupaciones, porque lo que se está aplicando en estados como Nueva Jersey y Nueva York es lo que se está aplicando en Puerto Rico. Aquí los agentes están haciendo literalmente lo mismo aplicando esta orden ejecutiva. Y esto que comenzó el domingo se hizo incluso sin la participación ni conocimiento del gobierno de Puerto Rico…Así que estamos básicamente en las mismas circunstancias que las que se están aplicando en los Estados Unidos”, comparó.
Tras declarar oficialmente, mediante decreto, una “invasión” migratoria, los esfuerzos de la Administración Trump, desde la semana pasada, han estado enfocados en el arresto y procesamiento de supuestos migrantes con historial delictivo y sin documentación legal para estar en Estados Unidos. La cifra que ha trascendido en medios estadounidenses es que las autoridades han establecido la meta de, aproximadamente, unos 1,000 arrestos al día.
Pero parte del problema es que, de acuerdo con la entrevistada, las órdenes firmadas por el presidente no son precisas, por lo que generan confusión.
“Las órdenes ejecutivas adolecen de vaguedad; no sabemos el alcance porque no están tan claras. Pero, sin embargo, lo que podemos ver es que lo que propone Trump es que esto va más allá de quienes cometen delito…Tampoco hay argumento válido de que el aumento en la criminalidad, etc., sea por delitos cometidos por personas migrantes que llegaron ilegalmente al país o que no tengan sus documentos al día”, argumentó.
En el caso de Puerto Rico, territorio de EE.UU. y donde inicialmente no se pensaba que las autoridades federales tendrían un papel activo, casi 50 personas fueron arrestadas por efectivos federales, principalmente en vecindarios que se caracterizan por ser centro de la comunidad dominicana como Barrio Obrero, en Santurce.
“La mayoría de los arrestos y los lugares que fueron visitados son lugares en los que la mayoría de la comunidad es dominicana…Lo que es Barrio Obrero, lo que son otras áreas de Santurce que fueron impactadas, son fundamentalmente de hermanos y hermanas dominicanas”, resaltó la presidenta del CAPR, quien asoció este proceder con una identificación por perfil racial.
No se ha seguido el debido proceso de ley, alega la presidenta del CAPR
Godineaux Villaronga se expresó preocupada por el hecho de que, como ha ocurrido en los estados, en Puerto Rico se han arrestado personas que no necesariamente cumplen con los requisitos mencionados en la orden de Trump.
La abogada además cuestionó la falta de información sobre las circunstancias, causas y alcance de los arrestos.
“Tampoco han dado la información específica de quiénes son esas personas, el alegado delito cometido o el historial criminal que tiene. Esa información no la han dado. Ni siquiera nos han informado donde están localizados específicamente las personas arrestadas. Nosotros tenemos idea de donde pudieran estar, pero no tenemos certeza”, señaló.
“Esa información no es que no la tiene el Colegio de Abogados, es que no la tiene el país, porque esto se ha solicitado. Nosotros hemos exigido que se nos dé información, pero la información no ha llegado”, agregó.
La abogada catalogó como ilegal que un agente arreste a un migrante simplemente porque está cerca o en el mismo lugar de la persona que en realidad están buscando, como aparentemente ha ocurrido en la isla. Lo anterior es, según la colegiada, “una violación al derecho constitucional de un debido proceso de ley”.
“Si no hay una acusación y no se ha cometido un acto criminal, no por el hecho de que estés al lado de otra persona te van a arrestar. Lo están haciendo por la apariencia física o por la forma en la que hablan…lo que constituye también discrimen. Es una acción discriminatoria y prohibida por la Constitución de Estados Unidos y por la de Puerto Rico”, sostuvo a preguntas de este rotativo.
“Cómo nosotros podemos llamarnos democracia o un país democrático y libre si no tenemos esas garantías que están escritas en la Constitución”, cuestionó.
¿Qué pueden hacer los migrantes?
Para hacer frente en derecho a las intervenciones, Godineaux Villaronga recomendó a los inmigrantes que cuenten con documentación legal para estar en Puerto Rico a cargar en todo momento con esos papeles.
“Hemos orientado a las personas, primero, que anden con sus documentos…,y si hay alguna intervención y tienes los documentos al día y no tiene ninguna situación, que la presente. Si no tiene documentación, pida hablar con un abogado y no hable de nada más (con los agentes). No firme documentos”, aconsejó la abogada.
“Si fueron a su casa y no le mostraron a usted una orden para entrar, no abra”, añadió.
“Si un agente en un lugar público le pide identificación a un migrante, ¿la persona está obligada a brindarle la documentación?”, preguntó El Diario.
“Según lo que dispone la ley y la Constitución en general, no hay que hacerlo. ¿Cuál es el delito que yo estoy cometiendo por el cual tengo que identificarme con el agente? Yo no estoy cometiendo delito, por lo que no hay un motivo fundado para intervenir…Por eso es que estamos viendo que se está violando el debido proceso de ley. Es como si lo estuviéramos eliminando de la Constitución”, respondió.
Por otro lado, la representante de los abogados colegiados indicó que las autoridades locales y municipales no están obligadas a colaborar con las federales en este tema.
Crean el Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump
Desde la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ayer, se realizó una conferencia de prensa para anunciar la creación del “Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump” encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR).
“(El llamado es para que) las violaciones que se están dando contra nuestras personas migrantes en Puerto Rico se detengan y que el gobierno haga algo para que la aplicación de estas órdenes ejecutivas no se dé en el país”, detalló Godineaux Villaronga sobre el fin del grupo que congrega a unas 50 organizaciones.
Los pedidos a las autoridades son varios e incluyen la aprobación de legislación que promueva una política pública que garantice el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes; garantías de que los servicios públicos del Estado no se le nieguen a esta población; que el Departamento de Educación de Puerto Rico asegure que los niños y sus familias puedan acudir a las escuelas; y que se establezca la política de no ayudar o colaborar con las autoridades federales.
Por otro lado, el Colegio trabaja para conformar un grupo de abogados dispuestos a trabajar pro-bono para representar a los afectados por los operativos.
Convocan manifestación para hoy a las 4 p.m. frente a Tribunal Federal
“Desde el punto de vista legal, que es el que le compete al Colegio de Abogados, que forma parte del frente y otras organizaciones, nosotros vamos a colaborar con la ACLU para conformar un cuerpo de representantes legales que sea pro-bono o gratuitos. A través de nuestras delegaciones vamos a buscar abogados voluntarios para que formen parte del cuerpo y tenerlos listos para poder representar en situaciones (que involucren) a migrantes como cualquier otro arresto que pueda haber como consecuencia de manifestaciones, porque van a haber acciones”, dijo.
“También vamos a apoyar a la ACLU y a otras organizaciones que están trabajando desde el punto de vista educativo. Vamos a dar talleres y charlas sobre los procesos de migración, qué puedo hacer, qué puede hacer la iglesia, qué puede hacer el hospital, qué puede hacer el maestro y el director de escuelas si se les requiere información de sus estudiantes. Eso lo vamos a estar trabajando en unos talleres y mediante unos protocolos que vamos a estar redactando para el país”, puntualizó.
A preguntas del Diario sobre las probabilidades reales de que el Gobierno preste atención a los reclamos del Frente en vista de que la gobernadora Jenniffer González ya ha dicho que Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir con las órdenes del presidente, Godineaux Villaronga contestó: “Nosotros le estamos pidiendo a la gobernadora que defienda al país, a nuestra población y a los inmigrantes como lo han hecho en estados de Estados Unidos, porque ya sabemos que se detuvo la aplicación de una de las órdenes ejecutivas porque se llevó un pleito al tribunal, y el estado lo puede hacer también, porque, hasta ahora, es voluntario ayudar al gobierno federal a implementar las políticas migratorias. El presidente Trump ya manifestó que, quien no lo apoye, puede perder las ayudas federales y demás, eso lo ha manifestado. Pero, entendemos que, aún así, no es constitucional muchas de las órdenes del presidente Trump; no son constitucionales y van a ser llevadas a los tribunales”.
La presidenta del CAPR dijo que no descartan presentar un caso judicial en Puerto Rico, pero al momento el capítulo de la ACLU en la isla está colaborando con los pleitos que se están llevando a nivel federal y que también aplicarían a Puerto Rico.
Para este jueves, las organizaciones del Frente convocaron a una manifestación, a partir de las 4 p.m., frente al Tribunal Federal.
¿Qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional?
Rebecca González Ramos, directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, dijo que la dependencia está procurando no intervenir en espacios sensitivos como escuelas y hospitales en Puerto Rico.
“No quiero que entre en crisis la comunidad pensando que ellos no pueden ir al hospital a buscar servicios médicos; que no se puede ir a la iglesia a recibir la palabra de Dios o que los niños no pueden ir a la escuela. Ese no es el propósito de esto”, declaró la funcionaria federal en entrevista con Notiséis WIPR este martes.
“En la política (orden de Trump), dice que uno tiene que utilizar su discreción y nosotros vamos a usar nuestra discreción. No hay necesidad de nosotros interrumpir un día de clases; no hay necesidad de nosotros entrar a interrumpir un servicio en una iglesia. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con discreción operacional”, destacó.
Añadió que en todos los arrestos que encabezan entidades federales en la isla se garantiza el respeto de los intervenidos; “con firmeza, pero siempre con el lado humano”.
En un reportaje publicado este jueves en El Nuevo Día, González Ramos añadió que estarán trabajando para arrestar migrantes los siete días de la semana.
“No se han establecido cuotas (de deportaciones), pero la expectativa, a nivel nación (de Estados Unidos), es que todas las oficinas estén trabajando en inmigración todos los días, los siete días de la semana”, expuso González Ramos.
La encargada del HSI en la isla agregó que no puede dejar en la calle a migrantes sin documentos o que no puedan probar que legalmente residen en la isla.
“Va a haber daño colateral siempre. Si voy a entrar a un colmado buscando un individuo, tengo que identificar a todas las personas que estén en ese colmado, porque estoy en busca de alguien. No puedo dejar una persona que no tiene documentos en la calle. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. No tengo de otra. No puedo mirar hacia la derecha y decirle: ‘tú te quedas’”, afirmó.
Según las autoridades federales, 47 personas fueron detenidas en el operativo del domingo, pero un hombre y una mujer de nacionalidad dominicana fueron liberados posteriormente porque contaban con autorización migratoria para permanecer en Puerto Rico.
Del número anterior, 37 hombres y ocho mujeres son de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México y Brasil.
La fiscalía federal presentó cargos contra cinco personas por reingreso sin autorización a Puerto Rico, que es jurisdicción de Estados Unidos por su condición de territorio, tras ser deportados.
No está claro el estatus procesal del resto.
Sigue leyendo:
Exmilitar boricua detenido en medio de redada de ICE en Newark, NJ, podría reclamar compensación
Trump faculta a agencias como la DEA para que diligencien arrestos migratorios y deportaciones
Demócratas exigen a ICE explicación por detenciones injustas en Nueva Jersey y Puerto Rico
(Entrevista) Annette M. Martínez Orabona, nueva directora de ACLU en Puerto Rico: “Estamos hartos”
Fuente Informativa
